La abogada Nahir Barud, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, detalla el rechazo a la recomendación de comunicación entre los imputados en el Caso Cecilia. Precisa que la negativa responde a evitar cualquier entorpecimiento de la investigación.
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Chaco On Line
Nahir Barud, la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos, que oficia como querellante, da detalles del rechazo a la recomendación de comunicación entre los imputados del caso Cecilia. "Esto podría generar una nueva serie de hechos delictivos en relación a estas personas, por eso nos oponemos", indica.
La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, querellante en en caso Cecilia, presenta este lunes el rechazo a la recomendación en cuanto a un pedido para habilitar la comunicación de los imputados.
Este lunes, en conferencia de prensa y acompañada por el vocero oficial Juan Manuel Chapo, la abogada Nahir Barud se refiere a la presentación realizada en conjunto con Gustavo Briend, letrado de la familia de Cecilia.
“Expresamos nuestra negativa a la medida sugerida de permitir la comunicación entre Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena porque entendemos que eso podría entorpecer la investigación”, explica.
“Además, habilitar la comunicación entre los imputados, a tan poco de lo que estaría faltando para el requerimiento de elevación a juicio, podría generar una nueva serie de hechos delictivos en relación con estas tres personas”, destaca la abogada de Derechos Humanos y Géneros.
Barud precisa que en caso de que el Equipo Fiscal Especial que interviene en el expediente habilítase el pedido en favor de los Sena, en conjunto con Briend, Derechos Humanos volverá a expresarse en oposición.
La abogada indica que el rechazo a la comunicación entre los imputados se basa también en que ha quedado demostrado a lo largo del expediente el nivel de organización que han tenido para obstaculizar la investigación.
La sugerencia para habilitar la comunicación corresponde a una presentación del Comité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles e Inhumanas y/o Degradantes, organismo que no funciona bajo la órbita ni responde al Poder Ejecutivo.
“Es un ente que se creó hace más de diez años y no depende de ninguno de los tres poderes del Estado; hay que tener en cuenta que los autores de la Ley 1798-B, que es la que pone en funcionamiento al Comité, fue impulsada por los entonces diputados (Alicia) Terada y (Carlos Martínez)”, especifica Barud, quien resalta la conformación por concurso del cuerpo directivo, integrado por integrantes provenientes de distintos sectores y partidos políticos.
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