El Comité para la Prevención de la Tortura expresa su preocupación por el proyecto de Ley que pretende prohibir el uso de teléfonos celulares e Internet en el ámbito del servicio penitenciario de la Provincia del Chaco. Concluye que sólo generaría más clandestinidad y vulneración de derechos.
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A través de la Recomendación General N° 2/21, realizada al Poder Legislativo y Ejecutivo de la Provincia, el organismo recomienda habilitar el uso de teléfonos celulares por parte de las personas privadas de libertad debido a la experiencia exitosa durante la pandemia del SARS-COV-2.
Es así que mediante Resolución N° 676/22, el Ministerio de Seguridad y Justicia establece un régimen de uso y tenencia de celulares, el cual contempla los modos de ingreso, habilitación y tenencia, así como los usos prohibidos y permitidos.
“De esta manera, se culmina con años de clandestinidad en la que los teléfonos celulares son introducidos y utilizados ilegalmente, sin posibilidad de ejercer un adecuado control por parte del Estado”, señala el Comité para la Prevención de la Tortura.
“A casi un año de dicha Resolución, más de 980 personas privadas de libertad en el ámbito del servicio penitenciario tienen legalmente registrados teléfonos móviles, lo que ha repercutido positivamente en la disminución de la conflictividad en dicho contexto, limitando la trascendencia de los efectos nocivos que tiene el encarcelamiento a los familiares de las personas detenidas, incluyendo niños, niñas y adolescentes que pueden estar en contacto con sus padres y madres gracias al uso de la telefonía móvil”, evalúa la entidad.
Además considera que “se ha facilitado el acceso a la Justicia ante vulneraciones de derechos, posibilitando que las personas encarceladas tengan contacto con sus abogados defensores y con las instituciones de Derechos Humanos de la Provincia, lo que ha motivado la presentación por parte de la Defensa Pública Oficial, la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros y del Comité para la Prevención de la Tortura, de sendas acciones judiciales y solicitudes de medidas de protección ante violaciones de Derechos Humanos en curso o inminentes, la recepción de denuncias ante casos de malos tratos y la elaboración de Recomendaciones de Políticas Públicas a las autoridades”.
Así es, afirma que “el uso de teléfono móviles por parte de las personas privadas de libertad contribuyó al cumplimiento del mandato internacional de investigación y sanción de casos de torturas y malos tratos, tal lo establece la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas (UNCAT)”.
Asimismo estima que “gracias a la habilitación del uso de telefonía celular, se pudo establecer un contacto asiduo y permanente con las personas privadas de libertad de la provincia, lo que ha permitido salvaguardar derechos como el acceso a la salud ante situaciones críticas, así como entablar un contacto diario con las autoridades penitenciarias para canalizar demandas concretas y evitar situaciones de conflicto”.
Admite que “la prohibición absoluta del uso de telefonía móvil y de Internet en la órbita del Servicio Penitenciario, afectaría el principio de no regresividad en materia de Derechos Humanos, violando compromisos internacionalmente asumidos”.
En esa línea, resalta que “aún se encuentra en proceso de cumplimiento la solución amistosa del caso Greco (CIDH), la cual obliga al Estado a continuar impulsado medidas administrativas y legislativas para una mejor protección de los Derechos Humanos”.
Recuerda además que según los últimos datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP) el 79% no participa de ningún programa de formación laboral y el 61% no participa de programas educativos.
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