La Defensoría del Pueblo es parte de la comitiva oficial que busca restablecer la paz social en Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza. Hay 22 detenidos por los incidentes, para los que hay un pedido de Habeas Corpus y se solicita la liberación de dos menores de edad (
Actualidad - Provincia
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Una delegación integrada por la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar; el jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; director de Zona Interior, Fabián Ríos; director del CEAC, Cristian Verón; el subsecretario de Planificación en Seguridad, Leandro Álvarez y el defensor del Pueblo, Bernardo Voloj, están en Misión Nueva Pompeya con el objetivo de buscar la instancia del diálogo, para lograr un cese a la escalada de violencia en la localidad.
“Había una cuestión de fondo del por qué se nos había convocado, que era la aparición de Salustiano Giménez, la preocupación de su familia, de la sociedad en sí. Esto derivó en una serie de acontecimientos muy complejos y muy difíciles el día sábado. Frente a un escenario vecinal y de la ciudadanía muy tenso, nosotros estuvimos ahí, tratando de apostar al diálogo, a la pacificación, mediando con ambos sectores. También con las fuerzas de seguridad que fueron afectadas. En comunicación con los familiares y amigos de Salustiano, vecinos, la comunidad criolla, y comerciantes, buscamos el diálogo y la construcción del consenso”; explica Voloj.
Indica que “se logró un pequeño acuerdo para tratar de destrabar el conflicto, y estos esfuerzos tienen que seguir continuando día a día, hora a hora. Es un trabajo que hay que hacerlo respetando las garantías constitucionales de las personas. Si hubo abusos y excesos, tienen que ser eventualmente establecidos y castigados”.
También solicita cautela, e indica que “la presencia del Estado en sus múltiples formas generó más tranquilidad, aminorando la tensión social en la comunidad”.
Investigaciones
Con respecto a los 22 detenidos por los incidentes, hay un pedido de Habeas Corpus presentado, y se solicita la liberación de dos menores de edad (de 14 y 16 años respectivamente) de Fuerte Esperanza, mientras que con el resto de los involucrados, se avanzará en el proceso judicial correspondiente. En este sentido, Voloj marca que “se va a estar atentos con las investigaciones, para ver cómo sigue el desenvolvimiento de la situación”.
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