Somos Monte Chaco denuncia penalmente a los funcionarios responsables de los desmontes ilegales ocurridos durante los últimos 13 años. Asevera que ”el gobernador Capitanich no respeta la Ley de Bosques”.
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“Unas semanas atrás Greenpeace escrachó al Gobernador del Chaco Jorge Milton Capitanich denunciando que no respetaba la Ley de Bosques”, dice la organización Somos Monte. A esto apunta que “el Gobierno quería blanquear, o sea perdonar, todos los desmontes ilegales ocurridos en los últimos 13 años”.
“Pero, ¿Como quiere llevar adelante esta estafa el Gobierno del Chaco?”, se pregunta. A lo que afirma: “La Ley de Bosques prevé que cada 5 años se actualice el mapa del ordenamiento territorial de bosques. Esto se basa sobre el inventario forestal, o sea un mapa que incluye todos los bosques de la Provincia”.
“El primer paso debe ser comparar el inventario del 2009 con el inventario actual, o sea – metafóricamente – la ‘fotografía’ de cómo eran los bosques y como son hoy y buscar las diferencias: lo que aparece en el viejo inventario y no se encuentra en el nuevo inventario, representa a los bosques que se han perdidos en estos años”, detalla.
“Según la Ley, la Dirección de Bosques tiene el deber de decir cuáles de estos desmontes tenían un permiso, y cuáles no. Lo que se desmontó sin permiso, o sea ilegalmente, debe recuperarse”, reafirma Somos Monte Chaco.
“Y ahí está la trampa: el Gobierno nunca aclaró con precisión cuáles eran las superficies desmontadas con permiso, un dato que se sigue pidiendo formalmente desde el 2019 sin conseguir respuestas exhaustivas, pese a todas las leyes sobre la información ambiental y pública. Se ha conseguido tener la ubicación de los permisos, pero las autoridades nunca mostraron las verdaderas superficies ‘de trabajo’ de los desmontes”, remarca.
“Haciendo un análisis en la zona ‘amarilla’ (categoría II en la Ley 26.331), al oeste de Miraflores y al norte de Los Frentones, se puede notar como los desmontes ilegales (en negro en el mapa de arriba) son aproximadamente unos 30.000 hectáreas, mientras que los desmontes con permisos (en violeta en el mapa), son otros 30.000 hectáreas. O sea el 50% de los desmontes ocurrió por fuera de la Ley”, subraya. Poco expresa: “Pese a esto el Gobernador firmó una nueva propuesta de ordenamiento territorial, el Decreto 2157/22, en la que se pasa todos estos bosques a zona ‘blanca’ (tierras sin bosques en la Ley 26.331), o sea literalmente blanquea a los desmontes ilegales”.
Esperanza, de la H Primo S.A. al norte de Los Frentones o de Martignone en Castelli, quedarían ‘legalizados’ en contra de lo que establece la Ley”, menciona.
Asimismo, señala que “el caso H Primo involucra personalmente a la familia del ex-intendente de Los Frentones Orestes Paoletti, a su vez socio en los negocios de Ana Victoria Hupaluk, dueña de la carbonera AEFOCH, y al ex-director de Bosques de la Provincia, Miguel Ángel López, nombres que figuran en otros casos paradigmáticos de desmonte y apropiación indebida de tierra investigados en los años pasados por el abogado Rolando Nuñez, del Centro Nelson Mandela”.
“Nicolás Martignone, es hermano de Agustin Martignone, gerente de la MSU (Manuel Santos de Uribellarea) el segundo pool de siembra de soja más grande del País, empresa que, por otro lado, alquila las tierras que la Provincia ha dado a la familia Hupaluk”, indica.
“Es por esto, entre otras cosas, que integrantes de Somos Monte Chaco decidieron denunciar penalmente a los funcionarios responsables”, anuncia Somos Monte Chaco.
Greenpeacia detecta, a través de un monitoreo satelital, el avance de los desmontes en el Norte argentino. Estima que a lo largo del 2.024, en Chaco la deforestación alcanza a 36.045 hectáreas, por lo que insiste en la penalización de la destrucción de bosques.
Mumalá, a través de su observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos", expresa alarma ante la disminución de denuncias en víctimas de femicidios. En su informe por el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, afirma que es el porcentaje más bajo de los últimos 5 años.
Potenciales integrantes para juicios por jurados a realizarse el año próximo son sorteados en un acto concretado en bolilleros de Lotería Chaqueña. Tiene el objetivo de armar la lista que presentará el Poder Judicial.
La presidenta del Insssep, Irene Dumrauf, presenta una denuncia contra el ex ministro de Economía, Santiago Pérez Pons y demás integrantes del Directorio del organismo en el período 2.020 y 2.023. En la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y el Ciudadano realiza el planteo judicial por el no pago de los seguros de vida obligatorios durante los meses de esa gestión.
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