La organización ambientalista Somos Monte Chaco denuncia ante la justicia penal a la provincia. El reclamo es por violación de los deberes de funcionarios público.
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En el marco de noticias relativas a la presentación de nuevos proyectos de ley que atentan en contra de la Ley de Bosques y permitirían la eliminación de bosques actualmente protegidos, miembros del colectivo Somos Monte Chaco, habiendo agotado las instancias administrativas de denuncia, presentan de hoy una denuncia penal por violación de los deberes de funcionarios público en la Fiscalía de Resistencia.
"La denuncia pone en evidencia la opaca gestión de los bienes comunes forestales de la Provincia, situación que se acarrea desde hace décadas, pero que se ha ido agravando en los últimos años a raíz de una serie de graves incumplimientos y comprobadas negligencias por parte del Estado provincial”, declara uno de los denunciantes.
En la demanda se señala que “el Gobierno, tan solo en el 2021, ha otorgado más de 2.363 hectáreas de autorizaciones especiales para aprovechar la madera de los desmontes ilegales”.
Más adelante, apunta que “un hecho sumamente grave en cuanto permitió a los infractores vender legalmente madera ilícitamente sustraída. Se les facilitó conseguir los fondos necesarios para solventar las multas y se termina haciendo de la infracción un negocio rentable, legitimando e incentivando la ejecución de los desmontes ilegales" expresan desde Somos Monte.
“De hecho, contrariamente a los datos que el Gobierno ha mostrado en estos días, fuentes oficiales de la Dirección de Bosques de la Provincia, de la Dirección Nacional de Bosques y hasta internacionales (Global Forest Watch y Greenpeace), confirman que desde el 2020 hasta la fecha los desmontes han ido aumentando. Se ha pasado de 13128 hectáreas en 2020, a 18068 en 2021 y 25209 en 2022 (tan solo hasta octubre)”, exponen desde la organización proteccionista.
“Todo esto mientras regía una suspensión jurídica para el desmonte, transformando a Chaco en la provincia con la mayor tasa de deforestación ilegal oficialmente registrada en Argentina”, subraya.
Greenpeacia detecta, a través de un monitoreo satelital, el avance de los desmontes en el Norte argentino. Estima que a lo largo del 2.024, en Chaco la deforestación alcanza a 36.045 hectáreas, por lo que insiste en la penalización de la destrucción de bosques.
Mumalá, a través de su observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos", expresa alarma ante la disminución de denuncias en víctimas de femicidios. En su informe por el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, afirma que es el porcentaje más bajo de los últimos 5 años.
Potenciales integrantes para juicios por jurados a realizarse el año próximo son sorteados en un acto concretado en bolilleros de Lotería Chaqueña. Tiene el objetivo de armar la lista que presentará el Poder Judicial.
La presidenta del Insssep, Irene Dumrauf, presenta una denuncia contra el ex ministro de Economía, Santiago Pérez Pons y demás integrantes del Directorio del organismo en el período 2.020 y 2.023. En la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y el Ciudadano realiza el planteo judicial por el no pago de los seguros de vida obligatorios durante los meses de esa gestión.
La conducción del PJ chaqueño mantiene una serie de reuniones, en el marco de la conmemoración de la Día de la Militancia Peronista. Tiene encuentros con diputados de la bancada legislativa provincial; sindicatos de las 62 Organizaciones y la CGT e intendentes; intendentes ; concejales y periodistas del interior.
Desde la Corriente de Expresión Renovada, debe convocar a elecciones internas antes de fin de año. Afirman que el PJ chaqueño debería convocar a elecciones internas y renovar las autoridades cuyos mandatos vencen a principios del próximo año, a más tardar en abril de 2.025.