El defensor del Pueblo, Bernardo Voloj participa de las negociaciones para destrabar la situación de las familias rurales que iban a ser desalojadas del predio donde viven y trabajan hace más de 40 años. Por medio de diferentes instancias de diálogo, se logra un acuerdo entre las partes para que las personas puedan permanecer en una parte del predio y se frenó el desalojo.
"Se logró un acuerdo inédito y muy importante, con una destacada actuación de los Estados nacionales y provinciales que asumieron su compromiso para poder dar respuestas a las familias, la Defensoría actuó como garante para que esto se pueda concretar", indica Voloj. Después de muchas intervenciones, finalmente se firma el acuerdo de una para que las familias rurales continúen en una parte del predio.
"El papel de la Defensoría fue el de facilitar el cumplimiento de la sentencia, nuestra postura siempre fue la de garantizar una mejor sentencia para ambas partes, teniendo en cuenta la situación especial que atraviesan las familias que vivían y trabajaban en el predio", remarca Voloj. Además, explica: "Coordinamos y articulamos con distintos actores municipales, provinciales y nacionales, para que se puedan evaluar diferentes alternativas que satisfagan ambas partes".
La instancia judicial llevaba varias décadas y contaba con una sentencia firme de desalojo, que se lograra revertir a partir de una serie de negociaciones. El defensor del pueblo destaca la buena voluntad y predisposición de todos los actores involucrados para poder encontrar la solución al problema. "Nosotros solicitamos siempre el resguardo en beneficio de los derechos de las partes, en pos de encontrar soluciones que no sean traumáticas ni conflictivas, sino que puedan garantizar el derecho a la tierra, la vivienda, a la propiedad y a la producción", señala.
En la resolución del conflicto intervienen la Defensoría del Pueblo del Chaco; la Secretaría de Agricultura de la Nación (Delegación Chaco); la Secretaría de Ordenamiento Territorial de Ambiente; la Subsecretaría de Articulación Comunitaria y Gestión de Tierras; la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Mediación y el Juzgado Civil y Comercial N°2. Daniel Fornies, secretario jurídico de la Defensoría del Pueblo, quien tiene un papel clave para que el organismo pueda intervenir y garantizar el cumplimiento de la sentencia.
