“Desde Somos Monte decidimos no participar a la reunión del Consejo Provincial del Ambiente, fijada para el miércoles 10 de febrero, a las 17 horas, en el salón de Obligado de Casa de Gobierno y manifestarnos públicamente como forma de protesta frente al incumplimiento de las promesas hechas y la reiterada actitud de un Poder Ejecutivo que sigue tomando decisiones que ponen en riesgo la salud ambiental de todos los ciudadanos de manera unilateral y antidemocrática”, anuncian desde la organización proteccionista.
“Un consejo ignorado y vaciado de significado”
Recuerda Somos Monte que “el Consejo Ambiental nace con el objetivo de debatir, acompañar y monitorear la implementación de políticas ambientales en la provincia”. "Asumimos un compromiso con la ciudadanía y con el sueño chaqueño”, dice el mismo gobernador el día 30 de octubre pasado en la primera reunión del Consejo luego de la pausa aconsejada por las medidas sanitarias”, rememora.
Al respecto, considera: “1) Aquel mismo encuentro, fijado para el jueves 29, tuvo que ser pospuesto al viernes 30 dado que el gobernador había volado a Buenos Aires a firmar el acuerdo para desarrollar el famoso proyecto de magafactorías de cerdos con China. El asunto no fue ni si quiera tocado en la reunión del Consejo al día siguiente. 2) Durante la primera reunión de la comisión de bosques del Consejo Ambiental, el día 9 de diciembre, explicamos la inconstitucionalidad de la actual conformación del Consejo Ambiental, fundamentada en los pormenores legales. En la misma oportunidad presentamos además unos pedidos de información a las autoridades que, como fue señalado, consideramos indispensable para poder avanzar en un diálogo. 3) Todo esto a la fecha no solo sigue sin respuesta, sino que nos enteramos que el gobernador sostuvo en diciembre una reunión a solas con algunas de las entidades empresariales que también participan del consejo, y que posteriormente en el día 15 de enero firmó un decreto habilitando la extracción de madera desde los bosques fiscales basándose en cuanto expresado por las empresas. Esta simple secuencia de hechos demuestra en forma inequívoca que al Ejecutivo del asesoramiento del Consejo Provincial del Ambiente no le importa nada, en la manera más absoluta. Evidentemente se piensa que el Consejo esté para la foto nada más, una mera pantalla para los medios de comunicaciones, porqué las decisiones clave, las que cuentan, siguen tomándose a puertas cerradas y a solas con las empresas interesadas en explotar los bienes naturales colectivos”.
Fallas en el Decreto 86/21
“El Decreto 86/21, firmado el 15 de enero pasado, no solo demuestra la inutilidad del Consejo Ambiental, sino que vuelve a evidenciar la actitud despótica del Ejecutivo, ya que las medidas propuestas deberían haberse sometido por lo menos al debate democrático en la Cámara. La consecuencia de esto es la inconstitucionalidad del mismo decreto, un decreto que, entre otras cosas, está mal redactado y hace referencia a leyes inexistentes”.
En esa línea, señala que “los argumentos utilizados para fundamentar este decreto dejan asombrados: en el texto se afirma que las empresas se encuentran desabastecidas de madera debido a que se pararon los desmontes. Para esto, el Estado no presenta ningún informe estadístico oficial, sino que se sostiene en las afirmaciones periodísticas de las mismas interesadas”. Así también, afirma: “en el 2.020 en Chaco se desmontaron 13.128 hectáreas, apenas el 25 por ciento menos que el año anterior y un valor en línea con lo que ya había pasado en 2.015”. A lo que luego apunta que “si a todo esto sumamos lo que puede salir de los 613 planes forestales aprobados en el 2.020 por la Dirección de Bosques y recordamos que las autoridades, en sede judicial, afirmaron tener a final de 2.019 un excedente de un millón de toneladas de madera cargado en el sistema SICMA (equivalente a lo que Chaco necesita en un entero año para su producción), resulta claramente una mentira y/o una situación ficticia e intencional el desabastecimiento denunciado por estas empresas. No había ninguna urgencia en firmar un decreto que habilitara la explotación de los últimos bosques fiscales del Chaco”, remarca.
A lo expuesto, finalmente sostiene que “un decreto que antepone los intereses de empresas monopólicas a los de la población general, única dueña por la Constitución de los bienes colectivos de la Provincia. Semejante error se hubiera podido evitar si se hubiese consultado al Consejo Ambiental que justamente fue creado para asesorar el Gobierno en casos como este”.
