
La Asociación Trabajadores del Estado Chaco se declara en estado de alerta y movilización. El reclamo es por “la nueva ola de despidos lanzada por el Poder Ejecutivo provincial”.
Justicia Legítima plantea una necesaria reforma del Poder Judicial en favor de los intereses del pueblo. Además requiere un aporte de los magistrados a favor de la equidad social , una revisión de los procesos “lawfare” y asumir la responsabilidad en el juzgamiento de la legitimidad de la deuda externa.
Actualidad - ProvinciaLa Comisión Directiva de Justicia Legítima llevó a cabo este 17 de febrero, en CABA, la primera reunión del año 2020, con la participación de asociados de distintas regiones del país – entre ellas el Nordeste - y presidida por Cristina Caamaño.
En ella, la Comisión ratificó “el carácter de actor social y político de la Asociación, comprometido con las diversas facetas que hacen a la Justicia en la sociedad argentina y con la transformación del sistema judicial, para que sirva a los intereses del pueblo con mayor eficiencia, mejor acceso de todos los sectores de la población y procesos tramitados y decididos con mayor celeridad, en plazos razonables”. Se discutieron las cuestiones relativas a la anunciada reforma judicial, y se propició la participación de representantes de esta asociación en los distintos ámbitos institucionales en los que se discutan temas vinculados con el sistema de justicia.
Asimismo, desde esta organización indicaron que se reafirmaron criterios que sostiene esta organización “como que las magistradas y los magistrados deben brindar su aporte en favor de la equidad social en la presente crisis económica y pagar el impuesto a las ganancias; que es necesario implementar un sistema que asegure posibilidades de ingreso democrático en la integración de los equipos de trabajo de los juzgados, tal como ya ocurre con los de los ministerios públicos; en definitiva, que deben eliminarse las barreras que llevan a que el poder judicial sea percibido por nuestra sociedad como una corporación oscura y ajena a las problemas de aquéllos a quienes sirve”.
Por otra parte, precisaron que se insistió “en la necesidad de asegurar las garantías del debido proceso para todas las personas sometidas a juicio y se concluyó que las cuestiones de las prisiones que aparecen dispuestas como consecuencia de procedimientos de ‘lawfare’, por razones políticas antes que técnicas, deben ser revisadas por el propio Poder Judicial, pues constituyen una anomalía en su funcionamiento y dan cuenta de la intromisión de intereses políticos en el trámite de procesos judiciales, cuestión de cuya solución es responsable final la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Así también, explicaron que se concluyó en que “es urgente e imprescindible que ese tribunal, en ejercicio de sus facultades, adopte medidas para atender al grave problema generado por la superpoblación carcelaria, pues no puede convalidar situaciones que resultan violatorias de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, con relación a las que no se ha avanzado en una solución razonable, pese a haber sido nuestro país condenado por ello por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
También, señalaron que se planteó “la responsabilidad que debe asumir el Poder Judicial en el juzgamiento de la legitimidad de la deuda externa que hoy condiciona las políticas públicas y la vida de los habitantes del país”.
Además, dijeron que se trabajó en la agenda de actividades previstas para este año, algunas de ellas en coordinación con otras entidades con mutuo interés por los temas relativos al sistema de justicia, como la que esta asociación realizará en Mar del Plata los próximos días 17 y 18 de abril.
Por último, resaltaron que : “Aquí estamos, sosteniendo las posiciones de siempre, por una justicia al servicio de los intereses del Pueblo, una Justicia Legítima…”.
La Asociación Trabajadores del Estado Chaco se declara en estado de alerta y movilización. El reclamo es por “la nueva ola de despidos lanzada por el Poder Ejecutivo provincial”.
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