Masin sobre anulación de actualización del IVE: "Es un retroceso muy importante para la vida y la salud de las mujeres"

La diputada nacional Lucila Masin expresa pesar por la anulación por parte del Ejecutivo Nacional de la actualización de procedimientos en abortos no punibles. Considera que es un retroceso muy fuerte para la vida y la salud de las mujeres. 

Provincia 21 de noviembre de 2019

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Diputada nacional Lucila Masin

La diputada Lucila Masin (FPV) lamenta que el Poder Ejecutivo Nacional anulara este miércoles la actualización de procedimientos en abortos no punibles: “Es un retroceso muy fuerte en las garantías para la vida y para la salud de niñas, mujeres y cuerpos con capacidad de gestar de nuestro país”, señaló.

 

  
El protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo (ILE), publicado por resolución de la Secretaría de Salud Pública en el boletín oficial, agrega recomendaciones internacionales a las ya vigentes desde 2.015.

 


“Las actualizaciones estaban en consonancia con lo que venía exigiendo hace años una diversidad de organizaciones feministas y de colectivos de la sociedad”, amplía la legisladora del Frente para la Victoria.

 


Masin también cuestiona que el Ejecutivo decida “en un sentido contrario al proceso que en los últimos años en la Argentina permitió avanzar en una discusión y en la apertura de una agenda propia, pública y política, más allá de las causales”.


“En el Congreso se debatió lo que significa la interrupción voluntaria de un embarazo; se discutió una política pública de salud para las mujeres y que haya garantías por parte del Estado; así como identificar una realidad que nos afecta a las mujeres y a los cuerpos con capacidad de gestar”, remarca.

 

    
Entre otros puntos, la redacción anulada planteaba que se podía pedir la interrupción con una declaración jurada explicitando las causales previstas en la legislación.

 


También disponía que no podían pasar más de diez días entre el pedido de la persona gestante y la intervención, y que no podía ser rechazada por ninguna institución de salud pública o privada a los fines de asegurar el cumplimiento del derecho.

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