A través de la Resolución 88/18, el Juzgado de Garantías Nº 2 de Resistencia rechazó la oposición a la prisión preventiva solicitada por la defensa de Ismael Fernández, quien está imputado por “fraude en perjuicio de la administración pública reiterada”, en el Expediente 21.896/2018-1.

La decisión del juez Horacio Sandoval tuvo lugar luego de la audiencia que mantuvo junto a los fiscales: Graciela Griffith Barreto, Nélida Villalba, Lucio Otero y el abogado defensor, Nicolás Yagueddú Ginesta.

En tanto que fue diferida la lectura de los fundamentos por el término de ley de conformidad con el artículo 347 última parte del segundo párrafo del Código Procesal Penal.

Los hechos

Fernández fue intimado por la supuesta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público (12 hechos) y tráfico de influencia (209 hechos en concurso real). Tal lo previsto por los artículos 265 primer párrafo, 174 inciso 5 en función del artículo 172, artículos 248 y 256 bis primer párrafo en función del artículo 55 del Código Penal).

La imputación sostiene que:

• En su calidad de funcionario público (Decreto 106/15) como personal de gabinete de la gobernación, hasta el 9 de marzo de este año, a través de Fundación Norte (que preside e integra junto a Ramón Chávez e Ivan Bilcich) percibió de Lotería Chaqueña en concepto de “publicidad y propagandas varias” un total de $2.666.000; en clara violación al Decreto Ley 3.566/77 que establece el régimen de contrataciones del Estado (en vigencia por Decreto 692/01).

• Entre 2.016 y 2.018 hizo valer indebidamente su influencia ante funcionarios públicos  para beneficiar a su socio, Chávez, y por su intermedio a sí mismo, con contratación por parte de: Ministerio de Salud Pública ($5.381.000), Lotería Chaqueña ($16.408.895), Secretaría General de Gobierno y Coordinación ($423.000), Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica ($3.847.534).

• Además utilizó indebidamente su influencia ante funcionarios públicos a fin de beneficiar a la empresa Servicios y Construcciones Paraná S.A. (vinculada a su hermana, Graciela Fernández, y a su sobrina, Cristina Dellamea) que es presidida por Chávez, a su vez socio del imputado en la Fundación Norte, para beneficiarse Fernández a sí mismo con contrataciones por parte de: Ministerio de Salud Pública de la Provincia ($7.215.490,17), Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos ($36.916.892,77) y la Secretaría General de Gobierno y Coordinación ($184.435).