Desde el Tribunal Federal de Resistencia  dieron a conocer que se suspende la sentencia de este jueves 24 en la que estaba previsto al anuncio de la sentencia en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones. 

El dictado se postergó al jueves 31.

Los organismos de derechos humanos que integran la Comisión Provincial por la Memoria manifiestan  malestar “ante este nuevo retraso en la causa  a casi dos años del inicio del juicio oral, en un proceso que tuvo que lidiar con serios obstáculos como ninguno otro en la región.  Planteamos nuestra desconformidad con este destrato hacia el colectivo de derechos humanos, sobrevivientes, víctimas y sus familias”.

“Nos llama poderosamente la atención este retraso cuando ya sólo queda el pronunciamiento judicial luego de la comprobación en los debates del plan sistemático de exterminio genocida organizado en la vieja casona de Marcelo T. de Alvear 32, en el cual la mecánica consistió en secuestrar y detener a militantes para interrogatorios sobre sus actividades políticas bajo tortura en la denominada Sala Negra o en los sótanos luego de lo cual se hacía efectivo el ‘blanqueo’ del detenido o bien su desaparición física”, expresan.

“Esperamos que esta grosera informalidad  no se trate de la antesala a una sentencia en la que se consagre la impunidad para los imputados, acusados de crímenes gravísimos como  torturas, secuestros, y violaciones”, alertan.

Esta sentencia, será la cuarta en la provincia del Chaco, “pero la primera en darse en un contexto regresivo para la población, tanto en lo económico, como en lo político, y allí reside buena parte de su importancia”. Ante esto, consideran “imperioso adherir al reclamo de Juicio y Castigo y cárcel común a los represores juzgados con más fuerza que nunca antes, cuando vemos como recobran renovado impulso teorías falaces como la de los ‘dos demonios’, y desde el Ejecutivo Nacional se busca desandar el camino de Memoria, Verdad y Justicia, al tranco que en el orden local se intenta darle una salida represiva a la respuesta las necesidades de los que menos tienen por la vía de “protocolos antipiquetes” que no hacen otra cosa que criminalizar la protesta social”.