El defensor del pueblo, Gustavo Corregido, lamentó que este viernes entre en vigencia el aumento en el precio del boleto de colectivo interurbano a 11,50 pesos. “El anuncio de la subsecretaría de Transporte de la provincia sobre la aplicación del nuevo cuadro tarifario concreta la ilegalidad del acto administrativo”, sintetizó el ombudsman.

Corregido afirmó que la implementación confirmada mediante la Resolución 285/18 firmada ayer por el ministro de Infraestructura, "significará un perjuicio para los pasajeros que abonarán una tarifa ilegal que no cuenta con el respaldo de una audiencia pública válida en el marco de la ley".

“Esperamos que la Justicia actúe rápidamente para frenar este atropello al bolsillo”, señaló el defensor, quien hace pocos días apeló la resolución del juez Julián Flores que había rechazado la medida cautelar con la que el ombudsman buscaba detener la aplicación del aumento.

El defensor argumenta: “Está claro que el Estado provincial reconoció que no entregó la documental y por eso suspendió la audiencia y pasó a un cuarto intermedio. Eso constituye un hecho notorio de que violaron la ley de audiencia pública”, insistió.

“Aprobar una audiencia pública inválida es un acto ilegal e inconstitucional que se debe revertir”, señaló Corregido. Y sostiene que “no se entregó información oportuna, veraz y completa.  Esto no permite la efectiva tutela de los derechos establecidos en la ley de audiencias públicas de la provincia del Chaco”, destacó.

Además, señaló que el propio juez Flores reconoce que el tema es complejo y que “se da en un escenario de inflación y aumentos de precios generalizados, donde el poder de la moneda se ha depreciado notoriamente”. Sobre esto remarca: “Es inaudito el cambio de criterio en la Justicia para no parar esto. En pocos días se va imponer una tarifa arbitraria y perjudicial para los usuarios, que son quienes más sufren los embates de la inflación”, remarcó.

Por otro lado, el defensor también criticó la “desidia e improvisación que se ve en los trámites para lograr beneficios diferenciales en el precio del pasaje”. “El malestar de la gente por las largas colas para los trámites de la tarjeta SUBE, sumado a este aumento ilegal es un embate directo contra los derechos de usuarios y consumidores”, puntualizó.

El defensor insiste en que el freno debe ser judicial “porque las pruebas demuestran la falta de datos y otros errores dentro del estudio de costos que presentó el gobierno provincial. Es una falla que transgrede la Constitución y las leyes, por lo que todos los instrumentos administrativos que se dicten como consecuencia de dicha audiencia deben ser anulados y replanteados”, concluyó.