Empleados judiciales de Villa Ángela, durante una reunión donde invitaron especialmente a participar al diputado Roy Nikisch, expresaron la disconformidad en que el Gobierno Provincial pretende llevar adelante la cancelación de las obligaciones emergentes de las sentencias judiciales originadas en la Acordada 858/91 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco.

En el encuentro que tuvo lugar este último viernes en Villa Ángela, luego de escuchar los planteos e inquietudes de los empleados judiciales, el legislador afirmó que “Vamos a seguir trabajando y acompañando a los judiciales para revertir esta medida inconstitucional del Gobierno de la Provincia que pretende destinar parte de estos recursos a otras cuestiones, para cubrir el desorden de caja del Tesoro provincial”.

Explicó asimismo los alcances de la Ley 7751 y 7782 que “en total significa 4000 millones de pesos para aliviar la Caja del Gobierno Provincial, de cuyo monto se determinó 1.800 millones de pesos para pagar la deuda judicial en forma inmediata y en efectivo, pero luego el Ejecutivo dictó un decreto reglamentario estableciendo el modo y forma de pago de estas demandas que va en contra de la Ley N° 7782”.

“Quienes acompañamos la aprobación de esta ley lo hacíamos para darle una herramienta al Gobierno con el objetivo que resuelva en forma definitiva e inmediata estas demandas y no para que las cancele en el tiempo. El Ejecutivo provincial pone su propia y personal voluntad interpretativa en la reglamentación de esta ley, no considerando y dejando de lado la voluntad de los legisladores que era la cancelación total e inmediata de las sentencias judiciales”, expresó el legislador.

“Aquí se ve muy claro que la intención del Gobierno es desviar dinero para otras cuestiones haciendo caso omiso a lo que la ley 7782 manda y lo hace a través de un ardid. Por eso hablo de estafa moral”, indicó Nikisch.

Detalló más adelante que "para atender la demanda de los judiciales el Ejecutivo cuenta con 1800 millones de pesos por la Ley 7782, más 200 millones que se asignaron al presupuesto de este año para atender específicamente esta cuestión, lo que hace un total de 2000 millones de pesos y la planilla actualizada de los reclamos de los judiciales no supera los 1800 millones de pesos. Por lo tanto el Gobierno cuenta con los recursos suficientes para afrontar estos pagos en efectivo y en forma inmediata".

Recordó por otra parte que "como integrante de la bancada opositora en la Legislatura, propuse públicamente en noviembre del 2015 que cuando asumiera esta gestión tomara un crédito para saldar la totalidad de esta deuda y con el objetivo de no afectar los recursos de la Caja de la Provincia, ya que la anterior gestión llego al final del mandato dejando un panorama administrativo muy comprometido como consecuencia del desorden y desmesurado aumento del gasto público”.