El diputado provincial Roy Nikisch dio a conocer un pormenorizado informe donde se detallan las rendiciones anuales del Gasto público. “Algunas empresas del Estado que componen la Administración Pública provincial han cometido irregularidades en la presentación de las rendiciones de los estados contables porque no han cumplido en tiempo y forma. El Tribunal de Cuentas por Disposición de la Sala I- S.P.P N° 80/16, fijó como último plazo el 31 de mayo del corriente año para presentar la rendición de cuentas integral correspondientes al Ejercicio 2015 y no se cumplió”, asegura el legislador.

“La falta de cumplimiento de las normativas establecidas en la Ley 4159 para la rendición anual de cuentas se desprende del informe Nº 716/16 del Tribunal de Cuentas, que desde la Contaduría General de la Provincia las rendiciones fueron presentadas fuera del plazo establecido y sin cumplimentar la totalidad de los requisitos requeridos para ser aprobadas”, expuso.

“El Gobierno provincial no aportó las rendiciones de Cuentas del Ejercicio 2015 de los distintos organismos que componen la Administración Pública y consta que los Estados Contables aportados fueron de años anteriores: del InSSSeP corresponde al ejercicio del 2012; ECOM Chaco S.A., corresponden al Ejercicio 2013; SECHEEP, correspondiente al Ejercicio 2014; SAMEEP, correspondiente al Ejercicio 2014; CorForSA corresponde al Ejercicio 2014; Laboratorios Chaqueños S.A. corresponde al Ejercicio 2014”, señaló el legislador provincial.

“Es evidente que estas irregularidades que vienen de la gestión anterior a la del gobernador Domingo Peppo y aún continúan, demuestran que no se ha cumplido con las responsabilidades de los funcionarios en relación a la Hacienda Pública del Estado provincial. El no cumplimiento de las normativas que los alcanzan y comprenden, se encuadran dentro de las sanciones previstas en los artículos 248º y 249º del Código Penal y también prevista en la Ley Nº 3468 de la Fiscalía de investigaciones Administrativas”, dice Nikisch.

“Con este panorama que muestra el informe, es evidente que esta discrecionalidad administrativa no fue ni está siendo controlada por los organismo correspondientes, con todo el rigor que establecen las normativas con respecto a la gestión y ejecución de los recursos públicos en el Estado”, plantea.