El defensor del pueblo, Gustavo Corregido, se expresó en contra de la reforma previsional que este mes podría quedar aprobada si consigue los votos necesarios en la Cámara de Diputados de la Nación. El ombudsman resaltó que la medida es inconstitucional, regresiva para los derechos humanos y resaltó que viola principios básicos como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que tiene jerarquía constitucional en nuestro país.

“El proyecto aprobado por los senadores implica la pérdida de un trimestre entero de recomposición, lo que se traduce en una violación brutal al principio de desarrollo progresivo al que está adherido Argentina, a través del Pacto de San José de Costa Rica”, indicó.

En esa línea, el defensor explicó que la modificación resulta regresiva porque tiende a disminuir el monto del haber jubilatorio, aplicando una fórmula que actualiza los valores del salario sobre el tercer trimestre del 2017 en lugar de hacerlo sobre el segundo semestre como se venía aplicando desde el 2008. Esa diferencia de tres meses se traduce en una diferencia de 6,3 puntos porcentuales en la mejora que deberían recibir los jubilados en marzo, que significa cobrar un importe menor a lo que correspondía para esa fecha.

“Como lo han señalado los constitucionalistas Félix Loñ y Daniel Sabsay, la fórmula que pretende aplicar el gobierno nacional implica un retroceso sobre los principios fundamentales del sistema previsional que están garantizados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y toda norma que implique un retroceso en esos principios es inconstitucional”, destacó.

Corregido también remarcó que esta medida transgrede un principio fundamental marcado en el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 26. Argentina como Estado parte se comprometió en ese instrumento legal a nivel técnico y en especial en el plano económico, a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura. “Con esta modificación se viola esa progresividad de derechos al forzar una merma en los haberes jubilatorios, que también afecta a pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales, lo que va en contra de ese artículo”, señaló el ombudsman.

“Juegan con el derecho alimentario de un grupo vulnerable, pretendiendo que sean ellos, sobre todo nuestros abuelos quienes financien el ajuste fiscal. Por donde se mire, es una medida regresiva e inconstitucional que nos perjudica a todos los argentinos, por ello esperamos que nuestros representantes legislativos puedan frenar este atropello a los derechos de quienes menos tienen”, concluyó.