"La aprobación de la nueva ley de Ordenamiento Territorial genera repercusiones en sectores ambientalistas, uno de ellos Greenpeace Argentina, que cuestiona y anticipa que presentará denuncia penal en la Corte Suprema, porque considera que pone en riesgo a los mamíferos (el yaguareté)  y que afecta al ecosistema".

Chaco On Line consulta a uno de los productores de Pampa del Infierno y vicepresidente de la Cámara de Comercio de la localidad, Lucas Vicentín.

Beneficios de la nueva ley

“Más para el sector o para una parte de la zona esto es beneficioso para la provincia y para todas las actividades que se desarrollan desde el punto de vista de la función primaria en esta provincia. Primero, porque hay algún tipo de inquietud sobre la conservación de los bosques cuando no había marco legal que ampare o que proteja o regule alguna actividad es muy difícil conservar o desarrollar, todo sea dentro de parámetros legales eso no había en los últimos tiempos no había marco legal desde el 2028 que el Ordenamiento Territorial se tendría que haber actualizado en el 2.015".

"El Ordenamiento Territorial arrancó en el 2.009, después que se promulga la ley de Presupuestos Mínimos  Impuesto Mínimos que es la Ley 26331  que es la ley de Bosques Nacional todas las provincias tenían que ordenan sus territorios con los bosques nativos  y bueno Chaco ordenó. Cada 5 años tenían que hacer la actualización de ese ordenamiento, entonces no se hizo por algunas circunstancias que no tiene que ver con la política o de intereses se postergó se venía trabajando con el ordenamiento ya vencido, hasta que en algún momento en el 2018 un amparo de la Justicia hizo que la Dirección de Bosques en el ministerio de la Producción que son organismos de aplicación de la  ley tengan que suspender la ampliación de la frontera agropecuaria o el desarrollo de los desmontes básicamente . De ahí para adelante, del  2.018 se empezó a desmontar cada vez más, o sea cuando nos quedamos sin marco regulatorio fue pero que con el marco regulatorio, entonces lo que nosotros pedíamos del 2.018 para adelante tenemos que volver a tener un marco regulatorio y ahora voy a la pregunta del por qué es beneficioso para todos , porque el marco regulatorio lo que hace es que en un amplio terreno decir cuál es la aptitud de tal o cual superficie, bajo un estudio de impacto ambiental, uno de los pilares fundamentales para ese estudio es el tipo de suelo que está dado por la carta de suelo que da el INTA , para pedir un permiso de cambio de suelo que son los desmontes tu suelo tiene que ser apto para la actividad privada que vas a desarrollar en este caso agricultura, sino es apto para eso no te otorgan el permiso eso es el marco regulatorio que pedimos, no estaba ese marco regulatorio entonces se desmontaba n sin pedir permisos  se desmontaban tierras sin aptitud agrícola y no tenían que pasar por el estudio de impacto ambiental".

Consulta a la comunidad indígena 

"Esto es tan fácil de saber con la nueva ley que se presenta, en la que están todos los antecedentes y lo que dice la administración que arranca el 10 de diciembre, para esta fecha hace algo bastante lógico, buscar el laburo ya hecho, no arranca todo de cero. Cuando decimos en la política llega uno, descarta todo lo que hizo la anterior administración y arranca desde cero, acá hubo una continuidad, una mesa técnica trabajando en este proyecto de actualización, ese proyecto estaba tan bien hecho que hizo la administración anterior y no tuvo tapujos la administración nueva, en decir si está tan bien hecho por qué lo tiramos, agarremos y continuemos desde ahí. Lo que erra la administración anterior fue la de presentar un mapa por marzo del 2.023, que no se acogía a los parámetros técnicos hechos por la Mesa Técnica y lo que dice Greenpeace o las organizaciones ambientales es que no se hizo la consulta, pues es erróneo mencionar eso, porque se hicieron tres consultas públicas en septiembre del 2023 hechas por el gobierno anterior, se hizo una en Frentones, una en Castelli y otra en Charata. Esas audiencias públicas fueron grabadas, televisadas, fueron con todos los parámetros y las disposiciones que pedían el llamado a audiencias públicas para este tema, o sea que no se haya consultado es mentira, de hecho que Somos Monte, Greenpeace y organizaciones aborígenes participaron en la audiencia pública de septiembre de 2.023 en Castelli, entonces se convocó a todos los sectores".

Por Mónica Carolina Báez