El anuncio, en conferencia de prensa desde la Casa Rosada, es realizado por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien confirma la convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, que regirá desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero próximos, para tratar 27 proyectos de ley, entre los que también figuran iniciativas relacionadas con la promoción científica y tecnológica, la creación de universidades nacionales y con el régimen previsional.

Cerruti argumenta que el Ejecutivo envía al Parlamento un "extenso temario de 27 puntos" que incluye "temas importantísimos para todos los argentinos", y que van desde el "desarrollo productivo", hasta temas vinculados con el sistema de justicia, como el tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación, el proyecto de Ley de ampliación del número de integrantes del máximo tribunal, y la iniciativa de modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura, temas que "la misma Corte ha pedido que se llevan adelante”.

Las otras iniciativas para las extraordinarias serán un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura y una norma relacionada al tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.

El proceso de remoción de los supremos abordará dos cuestiones: la primera es la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080, reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada Ley 24.937, una decisión que calificada como "un hecho insólito" por el Gobierno; y la otra cuestión es el análisis de medida cautelar que restituye fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires.

Para el Gobierno, con el fallo sobre el Consejo de la Magistratura el máximo tribunal "violó la división poderes" al tratarse de un tema "que debe resolverse en el Congreso de la Nación o en el Poder Ejecutivo, porque es algo que involucra a todas las provincias", según evalúa la propia Cerruti días atrás en una de sus habituales conferencias de prensa en Casa Rosada.

Fernández basa su planteo a través del artículo 53 de la Constitución Nacional, que prevé que la Cámara de Diputados "ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones”.

Fuente: Telam