El presidente del interbloque de diputados provinciales de la UCR, Carim Peche, presenta el proyecto de Ley 1,641/21 por el cual se deja sin efecto el cobro de intereses por mora aplicados sobre las facturas de SEChEEP y SAMEEP a los servicios prestados durante el año 2,020 y hasta el 31 de diciembre de 2,021, como así también el retiro de medidores. La iniciativa parlamentaria incluye las obligaciones tributarias provinciales con alcance a personas físicas o jurídicas encuadradas en las categorías: Monotributistas, trabajadores autónomos, micro, pequeñas y medianas empresas, organizaciones e instituciones no gubernamentales sin fines de lucro.

“Nuevos pobres”

Peche hace hincapié en la necesidad de atender la severa crisis socioeconómica que vive la provincia, “La pandemia COVID-19 impacta fuerte no solo en los hogares en situación de vulnerabilidad sino también en aquellos en los que había ingresos bajos o medios-bajos y que hoy no alcanzan a cubrir las necesidades básicas contempladas en una canasta básica que requiere de ingresos no inferiores a los 65 mil pesos frente a una inflación que superó ampliamente el 29 por ciento estimado por la Nación y la provincia, el INDEC informó que alcanza el 25,3 por ciento en el primer semestre y 50,2 por ciento interanual, estamos frente a miles de nuevos pobres”, argumenta el diputado radical en la petición.

“Pérdida de empleo y caída del salario”

“No podemos dejar de recordar que la provincia del Chaco es el distrito con mayor cantidad de pobres e indigentes del país, y eso tiene que ver con muchos factores, a lo que se suma la pérdida de empleo producto de las políticas de cierre y restricciones prolongadas adoptadas por los gobiernos, por dar algunos ejemplos la Unión Nacional de Kiosqueros informó que solo en Chaco cerraron 1000 kioscos, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró que a diciembre de 2020 habían cerrado en Resistencia un 15,1 por ciento de locales comerciales, en ese mismo sentido la Cámara de Comercio de Resistencia dio cuenta del cierre de 500 actividades, ante este panorama el Estado provincial debe dar señales de acompañamiento, considero que esta Ley contribuye a ese objetivo” , expone Peche,