Considera relevante que las organizaciones que representan a sectores productivos o corporaciones de empresas deben integrarlo.

La reunión de puesta en marcha del Consejo Provincial del Ambiente, regulado por Ley 783-R –antes Ley 3.964- se realiza con la participación de la diputada provincial Teresa Cubells, presidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Legislatura chaqueña.

A continuación, algunos de los ejes centrales del documento preparado a tal efecto, el que se comparte al final del presente:

* “En primer lugar, más allá de diferentes perspectivas sobre modalidad de convocatoria y funcionamiento del Consejo Provincial, compartimos la necesidad de funcionamiento del Consejo con amplitud de participantes y continuidad en el tiempo.

* Entendemos además que, y más aún en el marco del ‘Acuerdo de Escazú’, la participación tiene que ser permanente y efectiva, oyendo a los miembros de la sociedad civil y otorgando la adecuada información en tiempo y forma.

* Nos parece además relevante que las organizaciones que representan a sectores productivos o corporaciones de empresas deben integrarlo, pero asimismo y recíprocamente se deben integrar a las mesas productivas a los sectores y organizaciones que expresan el pensamiento de defensa del ambiente.

* Entendemos que una de las dificultades de la política ambiental es su abordaje por fuera de la política productiva, desligada de la política económica y del desarrollo agroindustrial. Los recientes anuncios de un acuerdo de producción porcina sin evaluación ambiental de ningún tipo –ni anuncio de ella- o la ausencia de la agenda ambiental en el recientemente creado “Consejo Agroindustrial Provincial” son apenas dos ejemplos de ello.

* El nivel de conflictividad social en torno al ambiente sigue creciendo, la ausencia de ámbitos de reflexión y el enfoque en extremo de explotación sin protección de los recursos naturales que lleva décadas en nuestra Provincia se agrava. Si bien la disputa ha tomado tintes judiciales, esas no serán las vías de solución definitiva del conflicto.

* Tampoco resolverá al conflicto poner a los mismos actores de siempre a gestionar los recursos que gestionaron en detrimento del ambiente. Es imperativo un Ordenamiento Territorial de los Bosque Nativos (OTBN) cumpliendo las obligaciones incumplidas, pero con diferentes actores. En ese sentido el reciente Decreto 1442/2020 es un mal ejemplo de ello.

* No queremos, no debemos, no podemos perder más tiempo en insistir con políticas erróneas y un Estado ausente, o tal vez peor, con estructuras del Estado al servicio de abusos y de negocios agrícolas e inmobiliarios que dejan afuera el bien común.

* Bregamos por una Ley de Emergencia Ambiental que retome la senda del cumplimiento de la OBTN, proteja los humedales y que a su vez incorpore el abordaje de los incendios y la sequía. En ese sentido estamos trabajando varias iniciativas, con énfasis en los derechos ambientales y en consecuencia como derechos humanos en el marco de un desarrollo sostenible”.