Ante un intento de tomar la Municipalidad de El Sauzalito por parte de la Guardia Whasek, el diputado provincial Roy Nikisch fija fuerte posición al expresar que “a la que ahora denominan Guardia Comunitaria Ambientalista Whasek solo se le ha cambiado la fachada, porque continúan amedrentando a los habitantes de esa zona de El Impenetrable, argumentando que están autorizados por el Ejecutivo provincial y la Justicia Federal mediante una conciliación, acción por la cual se estaría posibilitando no continuar con la investigación de algunos supuestos delitos cometidos. Es el compromiso que habría asumido el gobernador Capitanich al avalar esa conciliación, donde se dejaría de lado el poder punitivo, lo que significaría una renuncia a conocer la verdad. Varios pobladores de la zona de Wichi y El Pintado, fueron víctimas de la actuación de esta organización armada”.

En contacto con la prensa afirma además que “con este procedimiento han quedado totalmente deslegitimizadas las víctimas del accionar de la Guardia Whasek, quienes han soportado la gravedad de sus actos. Esta organización tenía armas, uniforme, detenían a personas, impedían su libre circulación y otra vez lo siguen haciendo con todos esos atributos ilegales. Se debe perdonar esto y quedar impune a través de una conciliación?. Al Poder Ejecutivo le corresponde actuar para solucionar este conflicto que no quiso o no pudo resolver. Esta situación, indudablemente traerá en el futuro consecuencias lamentables para la paz social de esa zona”.

 “Recientemente con bombos y platillos informaron sobre el desarme de esta organización armada y le cambiaron su denominación, ya que por una decisión del Ejecutivo Provincial fueron reconocidos institucionalmente como una Guardia Comunitaria Ambientalista y hasta se les entregó nuevos uniformes. Sin embargo avalados por esta medida oficial, volvieron a su práctica habitual de controlar compulsivamente el desplazamiento de las personas de esa zona de El Impenetrable”, expresa Nikisch. 

“Esta situación es muy grave porque preocupa la posibilidad de un enfrentamiento con la mayoría de las personas que no acepta este tipo de controles y en algún momento hasta podría haber derramamiento de sangre. El Ejecutivo provincial y la Justicia Federal (esta última aplicando la nueva figura de conciliación en el marco de un proceso penal) acordaron la nueva denominación con esta organización armada, pero todo sigue igual. Ellos han logrado que se cumpla la promesa de campaña del actual gobernador que les había prometido reconocimiento institucional”, plantea del legislador radical. 

Finalmente el legislador recalca “aquí existe algo elemental y básico: el Ejecutivo provincial no puede delegar el cuidado del erario público y la seguridad de las personas. El gobernador debería visualizar las consecuencias futuras que puede acarrear aprobar y avalar este tipo de organizaciones”, concluye Roy Nikisch.