El intendente de Resistencia, Gustavo Martínez dijo que apelará al fallo judicial que restringe la solicitud de un crédito “para aliviar la  situación financiera del Municipio, afrontar pago de salarios y continuar brindando servicios imprescindibles para los vecinos”.

Además, afirmó que “se trata de una situación generada directamente por concejales de la oposición en consonancia con un integrante del Superior Tribunal de Justicia”, a los que atribuyó la responsabilidad de “provocar una problemática basada en intereses políticos que no tienen en cuenta las necesidades de los ciudadanos”.

“Esto que ha llevado adelante este grupo de concejales de la UCR provoca más deterioro aún, porque nos va a costar más todavía con los pocos fondos que estamos recibiendo cumplir con los compromisos salariales y a la vez con los proveedores del Municipio. De todas maneras, vamos a apelar a esta medida, porque la verdad es que hay un desconocimiento muy profundo de cómo funciona el sistema financiero y realmente es una medida de corte netamente político, porque además dentro del Superior Tribunal de Justicia la medida ha sido propiciada por un hombre que es miembro, pero que ha sido funcionario del gobierno radical a nivel provincial y que ni siquiera se ha inhibido de poder firmar el fallo, ya que él fue funcionario del partido político que hoy presenta el recurso a través de los concejales. Es más grave aún que el abogado que presenta el recurso haya sido diputado y haya elegido representantes al Consejo de la Magistratura, que lo votó a ese ministro como parte hoy del Superior Tribunal de Justicia”, enfatizó el mandatario local.

Siguiendo con esa tónica aseveró que “realmente hay una connotación gravísima de carácter político y esto no tiene que suceder. Tenemos que tratar de empezar a decir las cosas como son. La política no puede intervenir en el Superior Tribunal de Justicia. Tenemos que buscar la forma de empezar a generar condiciones para que los hombres y las mujeres más capaces y que no son operadores políticos de ningún partido lleguen a ocupar los máximos órganos de conducción de la Justicia chaqueña, porque es la única forma que como ciudadanos vamos a tener independencia real sin necesidad de que los fallos de los órganos sean de operaciones políticas de un sector o para otro”.

Denuncia de oportunismo político

Martínez ejemplificó que con la presente pandemia, a nivel mundial y nacional los líderes políticos aúnan esfuerzos para salir adelante y que en plano local se trata de una “actitud totalmente obstruccionista, que aprovecha una coyuntura para pensar que se debilita una persona o un proyecto de gestión, para sacar rédito a partir de ese daño que se causa. La verdad que es lamentable porque no es el daño a una persona, a un dirigente o a un proyecto. En realidad se genera el daño a toda la ciudad”.

“Nosotros hoy apenas podemos pagar los sueldos y tratando de llegar a fin de mes con algunos de los servicios básicos, pero no podemos prestar o desarrollar los servicios y las acciones de obras que necesitamos y que queremos porque los fondos no nos alcanzan. La situación está muy complicada”, graficó.

Así también, apuntó que “hay un profundo desconocimiento y por eso se aprovecha esta situación para poder jugar con los números. Si uno dice 400 millones u 800 millones suena muy distinto. Pero el costo y el tiempo de gestión es absolutamente el mismo. Hoy cualquier consultora evaluadora de riesgos para sistema financiero le genera un costo a la Municipalidad tanto para valuar por 100, por 400 o por 800 millones de la misma magnitud. Entonces es un error de gestión, de financiamiento, generar un costo por un monto menor cuando tenemos la oportunidad de generar un costo que nos permita una evaluación global de la capacidad de toma de crédito que tiene el Municipio. Pero a su vez tampoco esto es inmediato, porque la evaluación y la autorización son marcos. Luego, uno puede ir gestionando de acuerdo a la disponibilidad del sistema financiero y a las ofertas que reciba la gestión que realicemos. Pero nunca se obtiene el total de lo que está autorizado. Es más, hoy el Gobierno del Chaco tiene todavía leyes de endeudamiento aprobadas por la gestión anterior, pero que todavía no ha tenido posibilidad de utilizarlas porque el sistema financiero no tiene posibilidades de prestar ni oferta para prestar”.