El diputado provincial Ricardo Sánchez sostiene que son pertinentes las adecuaciones al Presupuesto pedidas por el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura. Considera “razonable mantener un servicio de Justicia adecuado”.
Actualidad - Provincia
En el marco de la ronda de audiencias que realiza la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del Chaco, que tiene por objetivo conocer las necesidades e inquietudes presupuestarias para 2.019 de los distintos sectores; el diputado provincial Ricardo Sánchez (PJ), integrante de esa comisión, consideró “pertinentes” las adecuaciones solicitadas tanto por el Poder Judicial como por el Consejo de la Magistratura.
En cada reunión concretada en este ámbito, los sectores plantean sus propias propuestas y se las cotejan con lo estipulado en el proyecto de Ley de Presupuesto Provincial, impulsada por el Poder Ejecutivo.
“En el caso del Consejo de la Magistratura, hay un achicamiento de determinados gastos, y estamos de acuerdo con ello, pero hay solamente una inversión importante que hacer y tiene que con el funcionamiento de los concursos y que ello no sea interrumpido por deficiencias técnicas que obligue a convocar a nuevos concursos, con las demoras y los trastornos que eso conlleva en las designaciones”, detalló Sánchez. Al respecto, consideró que para ellos es necesario un “pequeño refuerzo presupuestario” de 1,5 millón de pesos para resolver estas cuestiones técnicas”.
En relación a los pedidos del Poder Judicial, el legislador sostuvo que “en todos los casos son razonables” al tratarse de obras que no requieren demoras. “Son obras que permiten garantizar un servicio de Justicia adecuado y también la puesta en funcionamiento de nuevos juzgados”, especificó.
Sánchez marcó en ese sentido que “si bien esto lo vamos a trasladar al ministro de Economía, Cristian Ocampo, desde lo personal entiendo que ambos pedidos amplían el presupuesto estipulado por el Poder Ejecutivo pero recortan lo que habían acercado ambos sectores en su propia propuesta”.
El legislador reconoció que “son comprensibles las políticas de restricción de gastos y la necesidad de los ajustes”, pero consideró “razonable mantener un servicio de Justicia adecuado y por eso es razonable lo solicitado por el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura”.
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