El gobernador Domingo Peppo encabeza el acto de entrega de vehículos cero kilómetro y equipamiento a la Policía del Chaco. Además, muestra la autobomba que se dona a la División de Bomberos destinado a General San Martín.
Actualidad - Provincia
Con una inversión superior a los 38 millones de pesos, el Gobierno chaqueño entregó esta mañana vehículos cero kilómetro y equipamiento para reforzar el accionar policial en la provincia. El gobernador Domingo Peppo estuvo al frente del acto, y en él destacó la fuerte inversión que el Estado provincial lleva adelante en materia de seguridad: “Estamos haciendo el máximo esfuerzo con la adquisición de nuevo equipamiento, inversión en infraestructura, capacitación e incorporación de agentes para llevar tranquilidad a los vecinos”, enfatizó el mandatario.
En la ocasión, se exhibió además un coche autobomba donado por el Gobierno nacional y destinado a General San Martín para mejorar el servicio que brinda la División Bomberos. Se trata de un vehículo de alta prestación con capacidad para 4.500 litros de agua, con tracción 4x4 y doble cabina, que tuvo un costo de 18 millones de pesos. Por otro lado, la División Bomberos Metropolitana adquirió también equipamiento forestal compuesto por 30 pantalones y camisa, más 30 cascos de seguridad para trabajo de obra, además de trajes ignífugos para incendios forestales.
En tanto que a la fuerza policial se entregaron 4 camionetas Toyota Hilux para las Comisarías Cuarta, Sexta, Séptima y Octava con una inversión de 3.206.400 pesos y una motocicleta Honda Tornado para la Comisaría de Puerto Vilelas valuada en 111.282 pesos. El equipamiento entregado consta también de 900 pistolas 9 mm semi-automáticas de la marca BERSA, por un precio de 12.150.000 pesos y un vehículo aéreo no tripulado de 4.724.944 pesos. Este último será utilizado para todas las actividades policiales de seguridad y búsqueda de personas. El dispositivo trabaja enlazado a un centro de monitoreo remoto con pantallas e imágenes en tiempo real.
“Son equipos de última tecnología que permitirán optimizar las tareas que la Policía del Chaco lleva adelante en cada punto de la geografía provincial”, indicó Peppo. A lo que seguidamente, acotó: “Llevamos soluciones a las preocupaciones de la gente poniendo los recursos necesarios”.
En la oportunidad el gobernador también reinauguró la sastrería policial, donde se confeccionan los uniformes de la fuerza policial y recorrió el Departamento de Logística. De la actividad participaron el ministro de Seguridad, Carlos Barsesa; y el jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña, entre otras autoridades policiales.
El diputado provincial Nicolás Slimel, titular de la bancada Justicialista critica el proyecto de emisión de bonos por 300 mil millones de pesos por el fuerte endeudamiento. Cuestiona la falta de documentación técnica, proyecciones y criterios de aplicación de los bonos.
El Sindicato de Trabajadores de Prensa del Chaco realiza las elecciones de renovación de la Comisión Directiva; Comisión Revisora de Cuentas y los delegados a la a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Con lista única, ratifica la conducción de Sebastián Acosta.
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Julio Ferro jura como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, y Diego Gutiérrez, asume funciones en el Ministerio de Desarrollo Humano.
El Gobierno provincial y la Municipalidad de Resistencia lanzan el operativo de control y prevención para las fiestas de fin de año. Contará con personal de la Policía del Chaco y sus divisiones especializadas —Policía Caminera, Bomberos, Canes, COE— en articulación con las áreas municipales de Tránsito, Seguridad Vial, Control e Higiene.
En el gobierno provincial, asumirán este jueves como funcionarios Julio Ferro y Diego Gutiérrez. Serán los nuevos ministros de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y de Desarrollo Humano.
Desde el sector de motomandados alertan sobre el régimen especial para los repartidores de plataforma. Alertan que revela una clara intención de flexibilizar la normativa laboral formal, pero, “en los términos en que está planteada, supone un riesgo grave de violar derechos constitucionales y laborales fundamentales”.
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