La diputada nacional Alicia Terada salió a responder la denuncia formulada por el defensor del pueblo de Chaco, Gustavo Corregido, sobre un recorte que incluye una serie de bajas indiscriminadas de las pensiones por invalidez laboral. “En estos últimos días mucho se habló, y con mala intención, sobre un supuesto ‘recorte’ de las pensiones por ‘invalidez labora’. Hablo de mala intención porque los que denuncian saben bien la Resolución N° 268/18 de la Agencia Nacional de Discapacidad no se trata de un recorte sino de un análisis de información con datos cruzados entre ANSES y AFIP”, dijo la diputada nacional de Cambiemos. A lo que acotó: “Este cruce de datos arrojó como resultado que, sobre una base de 1.050.000 pensiones no laborales, se estén revisando 9 mil casos que figuran como personas que cobran pensiones graciables por incapacidad laboral, pero a la vez aparecen cobrando sueldos o jubilaciones. Es un procedimiento para aclarar documentadamente cuál es su situación. O son incapacitados para trabajar o trabajan en relación de dependencia o están jubilados”.
Terada dijo que las denuncias son “irresponsables” y subrayó que “la pensión por invalidez tiene un doble requisito para los beneficiarios: El primero es tener una discapacidad que les impida trabajar y el segundo, estar en una situación de vulnerabilidad social. Pero muchas veces surgen incompatibilidades, algunas frecuentes como: Beneficiarios que no residen en el país; beneficiarios que no se han presentado a cobrar la pensión durante los últimos tres meses, beneficiarios que cuentan con un trabajo registrado o beneficiarios que reciben otro beneficio del Estado. Ante esto y, para evitar este tipo de incompatibilidades, que se potenciaron en los últimos años de kirchnerismo, donde el Estado pasó a de otorgar 170 mil pensiones por invalidez laboral a más de un millón en 2.015, y ordenar la situación, la agencia está notificando a estas personas que se acerquen a una unidad de atención integral (UDAI) de ANSES”.
Luego Terada enfatizó en que “Este proceso no implica de por sí ninguna baja. Quienes aclaren su situación continuarán recibiendo la pensión como hasta ahora. En caso contrario, la pensión sí será dada de baja por incompatibilidad de acuerdo con el proceso administrativo correspondiente”.
Terada pidió al Defensor del Pueblo que “actúe con buena intención” y “observe el padrón de beneficiarios que indica, de manera clara, que actualmente hay aproximadamente 1.048.000 beneficiarios de pensiones por invalidez, un número que se mantiene estable desde diciembre de 2.015, con una rotación del 10 por ciento entre altas y bajas. No se hace política mintiendo, pero casualmente los que mienten son los mismos que, intencionalmente y favoreciendo el clientelismo político, generaron situaciones que la misma norma que beneficia, aclara no deben ser permitidas”, concluyó la diputada.
