El defensor del pueblo, Gustavo Corregido, emitió una recomendación reiteratoria insistiendo al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que asegure la asistencia sanitaria, alimentaria y de agua potable a los pobladores originarios de las localidades comprendidas en la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2007, que aún sigue vigente. Además por segunda vez remarcó que es necesario ampliar el número de familias beneficiarias y reforzar la asistencia conforme las consecuencias que dejó el último temporal en la zona.
En el informe remitido por el ombudsman, señala que la situación de las familias de la zona empeoró en enero durante el intenso y prolongado temporal que sumergió a El Impenetrable y alrededores. “El miércoles 31 de enero la última ráfaga de lluvia en el Interfluvio Teuco – Bermejito elevó aún más los niveles de inundación en parajes cuyo epicentro es la localidad de El Espinillo y afectó las picadas y los caminos tornándolos intransitables”, describió.
Corregido también señaló que el 21 de junio de 2.017 se remitió a la Defensoría del Pueblo de Nación un censo sobre las familias de Pampa del Indio que no reciben el beneficio del módulo alimentario y, en virtud de ese censo, en el inicio del segundo semestre del año pasado se pidió ampliar el beneficio acorde con el nuevo número de familias en la localidad y de Villa Río Bermejito. Asegura el defensor que a la fecha, no hubo respuesta a ese pedido y tampoco se cumplió con la asistencia. A partir de esto, el ombudsman chaqueño también puso en conocimiento del defensor del pueblo de la Nación las denuncias actuales.
La medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación abarca el sudeste del Departamento General Güemes y el noreste del Departamento Libertador General San Martín. Corregido sostiene que el alto nivel de precipitaciones en esa región implicó el colapso del sistema social, sanitario, educativo y fundamentalmente el de asistencia estatal.
Por ello, recuerda que la medida cautelar exige al ministerio nacional asegurar el suministro de agua potable, alimentación y atención médica. Sin embargo las comunidades involucradas realizaron denuncias que advierten un apartamiento de lo dispuesto por la Justicia, lo que deja a los afectados sin asistencia.
“Como Instituto del Defensor del Pueblo detectamos en terreno la vulneración de los derechos de los pueblos originarios, por eso exigimos la aplicación del marco normativo provincial, nacional e internacional para resguardar el desarrollo de las comunidades. El gobierno nacional debe cumplir con la asistencia y eso vamos a seguir exigiéndolo ante el máximo tribunal”, concluyó.
