El STJ insiste que se debe garantizar la protesta social en el Chaco

“Fue en respuesta a una acción de hábeas corpus presentada por el Comité para la

Prevención de la Tortura del Chaco tras la desmedida actuación policial del 11 de

septiembre pasado”, sostiene la institución. Tras lo cual, esa mañana “se impidió el normal desarrollo de una protesta

encabezada por jubilados provinciales frente a la obra social y caja previsional estatal (Insssep), en el marco de un reclamo nacional contra el veto presidencial a la ley de

movilidad jubilatoria”.

Si bien el fallo fechado el 25 de octubre pasado declara abstracto el pedido realizado por el Comité -en coincidencia con el dictamen del Procurador General Adjunto, Miguel Fonteina- es contundente al reiterar que el derecho a la protesta “debe ser considerado la regla general y las limitaciones a este derecho, excepcionales”.

En este sentido, haceicieron saber a la Policía del Chaco y al Ministerio de Seguridad provincial

que “deberán adoptarse las medidas necesarias y conducentes para el irrestricto

cumplimiento de la ley 2399-J, de Criterios Mínimos sobre la Actuación de Fuerzas de

Seguridad en Manifestaciones públicas, garantizando el ejercicio de los derechos humanos

en juego, en observancia de aquello a lo que constitucional y convencionalmente nos

encontramos obligados”. La sentencia está firmada por los jueces Victor del Río, Iride Grillo,

Alberto Modi, Enrique Varela y Emilia Valle.

Antecedentes

Esta es la segunda vez en lo que va del año que el Superior Tribunal insta al gobierno

provincial a garantizar el pleno derecho de la protesta social. El 29 de mayo pasado, dictó

un fallo similar tras declarar abstracto un hábeas corpus colectivo y preventivo presentado

por el Comité luego de que la Policía del Chaco impidiera una movilización pacífica

encabezada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

A aquella ocasión, los jueces advirtieron que aunque no exista amenaza actual e inminente

de que en el futuro se violente la libertad ambulatoria e integridad física de las personas con

motivo del ejercicio de sus derechos constitucionales, “consideramos corresponde hacer

saber a las autoridades requeridas que deberán dar cumplimiento a la ley 2399 – J de

criterios mínimos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones

públicas, debiéndose garantizar la adopción de las medidas necesarias y conducentes para

evitar actos de violencia y preservar la seguridad de las personas y el orden público, las

que, en virtud del principio de razonabilidad tendrán que ser proporcionales, de acuerdo a

las circunstancias fácticas y los fines perseguidos”.