En el marco de un amparo presentado por un grupo de diputados de Juntos por el Cambio que plantea la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 805/2.021, la Secretaría de Derechos Humanos aporta información al Juzgado relacionada con las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos.

La presentación es realizada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo de la doctora María Alejandra Biotti, con el objetivo de que sea tenida en cuenta al momento de resolver la acción judicial sometida a su consideración.

En primer lugar, se señala que el Decreto de Necesidad y Urgencia es dictado a efectos de prorrogar la Ley n° 26.160 de Emergencia en materia de Posesión y Propiedad de tierras por parte de comunidades indígenas, cuyo vencimiento opera el 23 de noviembre de 2.021, a fin de dar continuidad a esta declaración mientras se desarrolla el correspondiente procedimiento parlamentario.

En el escrito presentado, que lleva la firma del secretario Horacio Pietragalla Corti, se hace hincapié en el compromiso de contribuir al respeto de las obligaciones internacionales sobre derechos humanos que atañe a todos los poderes del Estado. 

En este sentido, se subraya que la Argentina ha ratificado y otorgado jerarquía constitucional a los principales instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos que prevén disposiciones en materia de igualdad y no discriminación, y que incluyen obligaciones reforzadas en relación con grupos en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellos los pueblos indígenas. 

Asimismo, se señala que existe jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece el carácter vinculante de las obligaciones internacionales de derechos humanos.

La presentación incluye un repaso por los últimos pronunciamientos efectuados al país por los principales organismos internacionales de derechos humanos, que instan a la Argentina a garantizar los derechos de los pueblos indígenas, y especialmente a prorrogar la vigencia de la Ley nº 26.160, tal como ha asegurado el Decreto N° 805/2.021. En esta línea, se reseñan en particular las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos (en el marco del último Examen Periódico Universal), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas; del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; y del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, entre otros.