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Mesa Multisectorial Feminista reclama ley nacional contra la violencia de género

En el marco del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, la Mesa Multisectorial Feminista presenta un documento, en el que reclama una ley nacional contra la violencia de género. Exige mayor presupuesto para la emergencia  y reforma judicial al respecto.

Actualidad - Provincia
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Manifestación de la Mesa Multisectorial Feminista (captura de video)

El documento que suscribe es:

 

“Un nuevo 25 de Noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la mujer, nos encuentra en las calles. 

 

 

 

El movimiento de mujeres y disidencias no pierde fuerza. Acá estamos para decir -para gritar- que violencia son las políticas de género sin presupuesto suficiente, la impunidad para abusos y femicidios, la connivencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial cuando encubren y favorecen a los violentos, y también la deuda impagable con el FMI y la desprotección ambiental.

 

 

 

Dijimos basta miles de veces en todo el territorio nacional y provincial, y sin embargo la violencia crece. 

 

 

 

De acuerdo a la estadísticas de un medio de comunicación, hasta la fecha en el Chaco totalizan nueve femicidios y un transfemicidio. 

 

 

 

Lo que nos falta

 

 

 

1- Reconocimiento de la situación de riesgo de vida de las mujeres: Emergencia en violencia de género y Reforma Judicial con perspectiva de género

La pandemia del coronavirus dejó al descubierto la precariedad del Estado que nos dejó el gobierno de Macri para poder afrontarla. El endeudamiento más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional de miles de millones de dólares reconocidos por el propio ex presidente que se fugaron los bancos amigos, dejaron al país y la provincia en ruinas. Se profundizó el hambre, la falta de tierra, vivienda, trabajo, los salarios por debajo de la línea de pobreza y una inflación galopante. 

Según el Indec solo en el Area Metropolitana del Gran Resistencia, existen 216.304 personas en situación de pobreza. Se registraron 70.313 personas en situación de indigencia. 

52% de pobres y 17% de indigentes. Toda esta situación se recrudece en nuestro interior provincial. La crisis económica y social exige que se suspenda el pago del FMI, se investigue y se tomen medidas urgentes para dar respuestas a esta realidad de la población, donde las más perjudicadas por estas políticas somos las mujeres, las infancias, las personas con discapacidad, las personas mayores y las disidencias. UNA ESTAFA, AUNQUE SE PAGUE EN CUOTAS Y A CERO TASAS DE INTERÉS, SIGUE SIENDO UNA ESTAFA. QUE LA PAGUEN MACRI Y SUS SOCIOS.  

Hace falta que el Estado tome real conciencia de la situación de riesgo permanente al que estamos expuestas las mujeres y diversidades y actuar en consecuencia. 

Por eso seguimos exigiendo la Ley de Emergencia Nacional contra la Violencia de Género, que destine una partida presupuestaria extraordinaria para políticas de género de inmediato. Para refugios en cada pueblo, casas de atención y contención a las víctimas, patrocinios letrados gratuitos, etc. Así como también planteamos una Reforma Judicial Feminista, que termine con los juicios de credibilidad sobre las víctimas y transforme los métodos de abordaje con perspectiva de género”.


“Hace falta un Relevamiento y Diagnóstico Transversal de las Políticas de Género: En la Prevención, Acompañamiento y Seguimiento y un Plan contra las violencias

 

Hace falta un relevamiento en cada área y nivel del Estado de la demanda y la respuesta estatal, para poder precisar el diagnóstico. Cuando hablamos del Estado, nos referimos a los tres poderes, en todos sus niveles y áreas, nacionales, provinciales y municipales.  

Hoy, las estadísticas de denuncias de violencia contra las mujeres no son precisas ni se cruzan. Hay denuncias en las fiscalías, las comisarías, comisarías de la mujer, fiscalías, la línea 137, la línea 102, que necesitan ser atendidas y no cajoneadas.  No se cruzan siquiera en las fiscalías, el mayor y doloroso ejemplo de este inaceptable desorden fueron las 24 denuncias de Marilú Robledo, que el Poder Judicial recién conoció después de su femicidio.  


(Prevención) 

Sin embargo, no todo el problema está en las denuncias, porque entendemos que el 

 

 

Estado debe llegar antes de que ocurra un hecho de violencia o su máxima expresión como los femicidios o transfemicidios. 

La Ley Micaela y las preventoras en Violencia contra las Mujeres son un avance que debemos profundizar, y es clave la implementación de la ESI Educación Sexual Integral en todas las escuelas, universidades e institutos educativos, para que la lucha por Infancias libres de violencias sea una batalla que la demos en toda la sociedad. ¿Cuál es el rol que juega cada una de las áreas del Estado para prevenir? 

En ese sentido, desconocemos y exigimos se derogue toda resolución como la 967/21 que intenta relativizar y confundir la aplicación de la ley 26.150 de ESI tal como la conocemos y propone enseñanzas con “perspectiva científica y con valores”. Quienes se oponen a la Educación Sexual Integral o intentan disfrazarla “con valores” están posibilitando la vulneración de niñas, niños y adolescentes. Pretenden perpetuar los valores del secreto, el silencio y la impunidad, que tanto daño ya han causado.


(Atención, Acompañamiento y Seguimiento)

Por otro lado, existen líneas de atención y acompañamiento a las víctimas de violencias de género. Las mismas no dan a basto, por falta de recursos humanos o por distintos motivos, y no llegan al interior provincial.

Lo sabemos porque las propias trabajadoras nos dicen "tenemos la cabeza quemada" de tantas denuncias de casos. Lo sabemos porque los propios fiscales dicen públicamente que tienen 3 proveyentes para 90 casos por mes y no pueden con todo aún trabajando 24hs x 7 días. 

Lo sabemos porque cuando la justicia dicta una medida preventiva, no hay botón antipánico, o la policía no busca al agresor, se violan las perimetrales y no hay ningún seguimiento  dejando a las víctimas desprotegidas.

Todavía esperan que lleguemos desangradas a las comisarías para tomarnos las denuncias.

 Siguen presentes sesgos machistas, cuando una mujer realiza una denuncia por delitos contra la integridad sexual y se le realiza pericias psicológicas a ella y no al agresor, realizando un juicio de credibilidad sobre la víctima.   

La cuestión transversal  

 

 

 

No podemos dejar de exigir que las políticas de género sean transversales. 

Hay avances importantes en algunas áreas del Estado, que reconocemos y valoramos en relación a que sabemos que con gobiernos neoliberales hubiéramos retrocedido. Pero en la mayoría de la áreas hay  retrocesos e inacción.

 

Exigimos que los funcionarios públicos denunciados por violencia de género y delitos contra la integridad sexual de las mujeres, sean suspendidos de sus funciones, que se dé cumplimiento al compromiso asumido por el gobernador Capitanich cuando firmó el Decreto 85/2020, el protocolo que se elaboró para intervenir en situaciones de violencia o discriminación que involucren a funcionarios públicos. También que estos casos se investiguen con celeridad, por tratarse de personas de responsabilidad política institucional. Porque ya no vamos a pagar el precio de la clandestinidad para que maltratadores, abusadores y sus cómplices puedan llevar una vida de privilegios, a costa de la violación de nuestros derechos, de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Nunca más calladas y obedientes.

 

Exigimos que ningún municipio u organismo nos cierre las puertas, como ocurrió con el municipio de Resistencia, donde sufrimos discriminación cuando nos cerraron las puertas en la cara, diciéndonos que “tienen órdenes de no dejarnos pasar”. Están cerrando las puertas de las voces que ya no pueden hablar. 

  

 

 

 

Si algún área estatal de cualquier poder cree que está exento de las políticas de género se equivoca, por acción u omisión son cómplices y perpetradores de la violencia.

 

Exigimos un Plan de acción Integral, Interpoderes, coordinado y sistematizado con presupuestos acorde a las demandas.

 

Este 25 de Noviembre, las calles son nuestras, porque no nos permitimos retroceder, porque necesitamos más Estado, porque la deuda es con nosotras, porque necesitamos plan integral interpoderes y presupuestos para las políticas de género debidamente explicitados y garantizados.

 

Por eso marchamos con docenas de familias víctimas de violencia, femicidios, transfemicidios y delitos contra la integridad sexual, al frente de nuestras columnas.

Por eso exigimos una reunión con los tres poderes del Estado, las familias de las víctimas y dirigentes de las organizaciones por la celeridad de las causas y ser parte de las decisiones de las políticas de género.

 

Por eso seguiremos luchando en cada barrio y paraje, en cada puesto de trabajo, en cada aula y en las calles, por presupuestos contra la violencia hacia las mujeres y disidencias, pero también contra el hambre, por tierra, techo y trabajo, por salarios dignos, por salud y educación. 

Por eso, en esta lucha colectiva, nos hermanamos y volvemos a gritar

25 de Noviembre, Día Internacional de La No Violencia hacia las Mujeres

 ¡La deuda es con nosotras! ¡no al FMI

¡Por más presupuesto para terminar con la violencia !¡Justicia para las víctimas ya!

¡¡¡Justicia, justicia, justicia!!!

 

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