Vecinos de barrios del Gran Resistencia piden una revaluación "racional" de las viviendas

Vecinos Unidos de barrios del Gran Resistencia y Colonia Benítez reclaman se dé un sistema de revaluación de los precios de las viviendas. Así también la aplicación de un índice de actualización racional y se mantenga en 30 años el plazo de financiación de las cuotas.   

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Barrios-Unidos-21-05-18-01
Manifestación de Vecinos de Barrios Unidos del Gran Resistencia

Vecinos de los barrios OTECh- Resistencia; 80 Viviendas Tribunal de Cuentas; UOM Fontana 100 Viviendas; 20 Viviendas, de Fontana y 30 Viviendas Correo Argentino de Colonia Benitez se expresan a través un documento, expresan: “Unidos en la lucha reconocemos la legitimidad de nuestro reclamo! Viviendas sociales? El Estado de nuestro lado?”

 

“Decimos no al manoseo! Basta de robarnos!”, aseveran

 

“No a la Ley N° 24271, que avasalla los derechos de los trabajadores, normativa impulsada y aprobada durante el Gobierno de Macri y que este gobierno, supuestamente  del pueblo pretende aplicar a destajo, con un sistema parecido al Uva y que nos tiene en vilo a todos los vecinos de viviendas sociales”, plantean. 

 

“Jugaron con la tolerancia, con la paciencia, con el don de gente laburante, con nuestra voluntad de pagar, nos acorralan imponiendo reglas arbitrarias e injustas. Ya que luego de haber tenido instancias de dialogo con el Gobernador (25/1/2.021), con el presidente del IPDUV, Diego Arévalo y  de manera individualizada barrio por barrio algunos fuimos recibidos por integrantes de su gerencia en diferentes fechas y en reiteradas oportunidades con  el vocal, Mariano Brahim”, dicen los vecinos. 

 

“En esas oportunidades de dialogo, siempre hemos manifestado expresamente nuestra decisión de abonar las cuotas sin especulaciones mezquinas, porque entendemos que es nuestra obligación actuar en forma responsable y solidaria cumplir con nuestro rol de adjudicatarios que abonan no sólo la cuota de sus viviendas, sino también todos los servicios públicos inherentes para contar con una calidad de vida mejor”, exponen.

 

“Hemos llevado asambleas desgastantes en cada barrio  y también  inter barriales, buscando soluciones posibles, con la intensión de colaborar, con contrapropuestas superadoras, sabiendo que se estaba abusando ya de nuestros límites económicos, y de nuestras derechos y garantías constitucionales, así  accedimos a que se nos cobre un valor de vivienda que sabemos no es el monto real a  la fecha entrega de ocupación de las mismas, hemos evaluado la posibilidad de una actualización justa y racional, pero penosamente nada parece convencer y sensibilizar a los funcionarios, al poder ejecutivo  y menos al legislativo, que encima, el pasado 28 de abril opera aprobando un régimen de sanciones por irregularidades con viviendas adjudicadas con el IPDUV,  mientras nosotros inocentemente estamos tratando de llegar a un acuerdo, el poder siniestro del gobierno, aprueba una ley en la Cámara de Diputados del Chaco, donde dan vueltas los argumentos, donde no contempla las irregularidades que el organismo provincial de Viviendas incurrió, porque son innumerables las faltas que tienen para con nosotros entregándonos casas que no reunían las condiciones que debían tener según el convenio de cada ente intermediario con el IPDUV”, plantean.

 

“Usted se sorprendería del número de vecinos que antes de obtener su vivienda, vivían de prestado en la casa de algún familiar o compartían con algún amigo, porque no podíamos afrontar un alquiler,  porque no podemos sostener en el tiempo algo que está sujeto a especulaciones de mercado. Somos un grupo de vecinos, grupos familiares completos que hoy acceden a una vivienda básica, simple, que deben acondicionar acorde a sus necesidades, generando empleo para otros chaqueños. Vecinos que estamos siendo responsables en el pago de nuestros impuestos y servicios, consumiendo en diferentes localidades el producto local, activando la economía en zonas periféricas de las ciudades generando nuevos sectores de flujo financiero”, señalan.

 

“Como vecinos estamos siendo demonizados con el término ‘poco solidarios’, cuando nosotros queremos pagar nuestra vivienda, sentimos que el incremento ya  de entre el 10 y 20 por ciento es desorbitante, y con un sistema que es capitalizable, o sea que es un interés móvil. Y al proponernos este incremento están afirmando tácitamente que prevén el sostenimiento de un proceso inflacionario que hoy nos está ahogando, y mantiene la calidad de vida de todos los argentinos, muy por debajo de lo que se puede llamar digna. Y no solo eso, sino que además nos está  pidiendo que convalidemos este proceso con el pago de estos precios, haciéndonos cómplices”, indican. 

 

Y poco después, expresan: “La realidad económica de los actuales ocupantes de viviendas sociales es muy diversa y va desde asalariados a becados, a monotributistas, emprendedores, desocupados, familias monoparentales, etc. Tenemos entre los vecinos actuales jubilados, y trabajadores que en un par de años serán jubilados y no podrán de ninguna manera sostener una cuota que mantenga un incremento del 10 / 20 por ciento cuando su salario no alcanzará al Mínimo Vital”.

“Nos parece bochornoso que los administradores de los fondos públicos, responsables de los índices de mercado, nos digan que no les alcanza la plata porque la inflación supera sus cálculos y pretendan hacernos pagar los platos rotos y hacernos responsables de esto”, consideran.


Los Vecinos Unidos de los Barrios del Gran Resistencia, Barranqueras, Fontana y  Colonia Benítez exigen “a nuestros gobernantes, representantes del pueblo, que respeten y garanticen nuestros derechos”.

 

Los puntos que la propuesta de los vecinos son: a) Valuación de la Vivienda; b) índice de actualización y c) Período y/o plazo de pago.

a)    Valuación de las Viviendas:

"Más allá de lo antes mencionado, nuestra nueva propuesta plantea que los vecinos nos comprometamos a realizar un enorme esfuerzo financiero que implicaría una inversión considerable para lograr adecuarlas como estaban previstas según consta en la documentación requerida, logrando de esta manera que el valor de nuestras viviendas sea el que indican los certificados pertinentes. Aceptando el cobro de las cuotas liquidadas siempre y cuando en cada barrio haya consenso con el valor de la construcción de las viviendas, sopese a las irregularidades sufridas durante la ejecución de las mismas, en detrimento de nuestra posibilidad de acceso a la misma (por demoras en la entrega total de las obras, por el incumplimiento en la calidad de la construcción y por otras situaciones ajenas a nuestra voluntad)"

B) Índice de Valuación

“Siempre supimos que el Programa Federal de Construcción de Viviendas -Techo Digno, creado por el entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, dentro de la órbita de la Secretaría de Obras Públicas y su Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, era una excelente política pública que traía solución para los que como nosotros pretendíamos acceder a la casa propia. 

Precisamente este programa vino a corregir la problemática recurrente a lo largo de la historia de la vivienda propia. La construcción asistida por el Estado es un proceso comunitario esencialmente participativo. Históricamente los gobiernos populares llevaron a cabo políticas de agresiva expansión habitacional a través de créditos hipotecarios y préstamos personales otorgados sin cláusulas de actualización ni reajustes.

Pero lamentablemente, este Programa Federal, fue liquidado en todos sus aspectos posibles. Decimos esto porque el gobierno de Macri lo modificó hacia adelante, al cambiar completamente las condiciones del crédito; es cierto que conservó el nombre, pero se lo desvirtuó.  Entendemos que este proyecto está pensado desde la perspectiva de los bancos, para salvarlos de la desvalorización proveniente de la inflación y de las devaluaciones; no está pensado para la gente.

Proponemos la aplicación de un índice de actualización racional y justo, no superior al índice que impacta en el aumento en nuestros magros salarios”.

 

c) Periodo y/o Plazo de Pago: “Proponemos que se mantenga el plazo treinta (30) años de financiación de las cuotas”.

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