En la Cámara de Diputados del Chaco se trata de un proyecto presentado por la diputada provincial del Frente Grande, Teresa Cubells quien explica que con el reordenamiento del Digesto Jurídico se elimina el artículo 6 de la 1142-A que hacía referencia expresa al funcionamiento de la Comisión en el citado ex centro de detención, asumiendo como ‘objeto cumplido’ el mismo. En consecuencia, la iniciativa propone restituir la referencia al lugar de funcionamiento, en el mencionado artículo de la ley original, con algunas adecuaciones de texto.

“Entendemos que es de gran relevancia, por su razón histórica, política y cultural, reintroducir la referencia al lugar de funcionamiento de la Comisión Provincial por la Memoria. Y no sólo por esas razones, entendemos además que se debe garantizar que ese espacio no sea destinado a otros usos en el futuro, y la inclusión expresa en la Ley es una garantía adicional a ello” argumenta la autora.

El proyecto tiene dictamen favorable unánime de la comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad y propone establecer en el artículo 6 que la Comisión Provincial por la Memoria, funcionará en el inmueble que fuera declarado patrimonio cultural de la Provincia del Chaco por Decreto Nº 1.951/04, ubicado en la calle Marcelo T. De Alvear Nº 32, identificado como: Manzana 119 - Parcela 8 - Circunscripción I - Sección 8 - Ciudad de Resistencia - Departamento San Fernando.

La reunión presidida por la diputada provincial Nadia García Amud, con quórum de sus pares  Gladis Cristaldo, Juan José Bergia, Nicolás Slimel, Teresa Cubells, Clara Pérez Otazú y Livio Gutiérrez, definen modificar los días de reunión de la cartera, definiendo que las mismas se desarrollen los días lunes, a las 12, de manera quincenal.

“Victimización de las personas que ejercen  la prostitución”

En ese ámbito, también se trata otra iniciativa de la legisladora Cubells junto  a Cristaldo por el que se propicia la derogación del artículo 73 del Código de Faltas de la Provincia del Chaco, que establece que serán sancionados con arresto de hasta treinta  días o multa equivalente en efectivo de hasta cinco  remuneraciones mensuales, mínima, vital y móvil, quienes ejerciendo la prostitución se ofrecieren o incitaren públicamente, molestando a las personas o provocando escándalo. Queda comprendido en este caso, el ofrecimiento llevado a cabo desde el interior de un inmueble pero a la vista del público o de los vecinos. En todos los casos será obligatorio el examen venéreo o de detección de todas las enfermedades de transmisión sexual y, en su caso, el tratamiento curativo".

Las autoras fundamentan la necesidad de la derogación de este proyecto que tiene dictamen dividido, ya que consideran que “fomenta y consolida la victimización total de las personas que ejercen la prostitución, y por ello creemos que es de suma importancia poder avanzar con la derogación del mismo”.