Hasta el momento no hay certeza sobre cual será el destino de las tierras e inmuebles Provinciales, y de los trabajadores de los organismos involucrados en esta arrasadora reforma del Poder Ejecutivo. Recordemos que de aprobarse el proyecto 261, se unificaría el régimen de los bienes inmuebles rurales y urbanos provinciales, creando un nuevo organismo inmobiliario, que prevé entre sus funciones coordinar la actividad inmobiliaria del Estado Provincial, interviniendo en la celebración, a título oneroso o gratuito de convenios y contratos, celebrar todo tipo de contratos civiles y comerciales, típicos o atípicos para el cumplimiento de su objeto con personas físicas y/o jurídicas, (violentando preceptos constitucionales del art. 43), asociaciones, consejos y colegios profesionales, organismos nacionales, municipales, etc. Se disuelve el Instituto de Colonización, y la Secretaría de desarrollo territorial y ambiente asumiendo el nuevo organismo la totalidad de sus funciones. Asimismo, al parecer (la ley no es clara) la Dirección de Catastro Provincial y el Registro de la Propiedad Inmueble, pasarían a la órbita de este nuevo organismo, coordinando además en la regularización de situaciones habitacionales del Instituto de Viviendas Provincial (IPDUV). Además, este nuevo instituto absorbería también las funciones de la Dirección General de Gestión de Bienes, actualmente dependiente de la Secretaria General De Gobernación. En una provincia sin petróleo y sin grandes industrias, la riqueza con la que contamos es la tierra y con ella el agua, la fauna, flora, los bosques. Este proyecto de ley, marca un antes y un después en la elección de presente y futuro al que apunta la Provincia. La Constitución Provincial establece en sus arts. 42 y 43 que se encuentra comprometido el interés general, el desarrollo productivo, afianzamiento de productores y empresas familiares en zonas rurales, a la explotación sustentable del suelo en armonía con el medio ambiente. Sin embargo, nada de ello es reflejado por el proyecto 261/20, solo se advierte su espíritu inmobiliario. ¿Qué pasará con los pequeños y medianos productores? ¿Es este el camino para que Feng Tian Food, y otras empresas extranjeras puedan avanzar con sus factorías porcina en el Chaco?
El senador Víctor Zimmermann adhiere al proyecto que propone modificar la Ley Nacional de Educación. Determina que es servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria.
