Este lunes se presentó en el Juzgado Laboral N°4, a cargo del juez Fabián Amarilla, un recurso de amparo por parte de un grupo de casi cincuenta comerciantes que aseguran no sentirse representados por las organizaciones intermedias del sector, además de PyMEs, micro y mini PyMEs, profesionales y prestadores de servicios de salud y bienestar.
El recurso tiene como finalidad la intervención de la Justicia frente a las medidas que está tomando el Poder Ejecutivo en el contexto de pandemia de COVID- 19 y Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que al extenderse por tanto tiempo están provocando un daño económico irreversible. Los comerciantes exponen su necesidad de previsibilidad y de un plan para el manejo integral y la salida del ASPO que tenga en cuenta la cuestión economía. Los conceptos que motorizan al grupo son “paz, igualdad y trabajo” para toda la sociedad chaqueña. Frente a las arbitrariedades y abusos observados en la emergencia, decidieron manifestarse y realizar una acción judicial. De esta manera, lo que solicitan es que se adopten la “medidas necesarias para superar la emergencia, restableciendo la normalidad, sin colisionar con las normas de la Constitución Nacional”. En los fundamentos del escrito, cabe destacar una cita al trabajoDoctrinario sobre “Constitución y emergencia” de la doctora Iride Isabel Maria Grillo, presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, en donde se expresa que “las instituciones de emergencia previstas en la Constitución son tres: la declaración deguerra, el estado de sitio y la intervención federal a las provincias”. Y agrega que “se han ampliado las medidas de emergencia,existiendo hoy una constelación de situaciones calificadas ‘de emergencia’, en materia económica, previsional, agropecuaria, sanitaria, etcétera”.
Otro aspecto importante es el ateniente a la temporalidad, ya que la prolongación de la situación de emergencia no puede ser indefinida. El grupo de comerciantes, representantes dePyMEs, micro y mini PyMEs, no niega la necesidad del aislamiento en el comienzo de la propagación de la pandemia, pero considera que a esta altura de las circunstancias deberían planificarse y comunicarse políticas públicas tendientes al manejo para la convivencia con el virus y la atención sanitaria de la población que se encuentra en los grupos de riesgo. El planteo señala también el “principio precautorio”, que establece que “no siempre la prohibición absoluta de determinada actividad es la única vía para alcanzar determinado grado de protección, pues, dependiendo del caso, el mismo puede ser alcanzado, mediante la reducción de la exposición al riesgo, con el establecimiento de mayores controles y la imposición de ciertas limitaciones”. En el escrito, largamente argumentado, indican que el Estado “no ha focalizado su atención en la población o lugares más vulnerables; no tiene un plan claro de reanudación económica; no ha mejorado la capacidad de respuesta de una forma significativa; varias de sus medidas concretas parecen no sólo no haber contribuido a disminuir la aglomeración sino a aumentarla; y no ha sido transparente sobre la fecha esperada de duración de la cuarentena”. A su vez, las medidas del Ejecutivo imponen restricciones al ejercicio normal de los derechos patrimoniales, excediéndose y avasallando las relaciones jurídicas entre particulares que no alteran el orden público y evaporando elderecho pleno adquirido de dichos particulares y de la sociedad en su conjunto. El grupo se encuentra sumando adhesiones de comerciantes, representantes de PyMEs, micro y mini PyMEs, agentes de salud, prestadores de servicios y trabajadores independientes que se encuentran damnificados por la actual situación y a la espera del fallo de la Justicia con respecto a la acción de amparo presentada. La participación ciudadana en este contexto es fundamental para lograr los cambios necesarios y atravesar la pandemia fortaleciendo la democracia.
