Desde el sindicato de los Motomandados, denuncian “desidia e incoherencia por parte de la Municipalidad de Resistencia, ante la grave situación en la que están recayendo muchos trabajadores del sector”.
“Ante el avance protocolar por COVID-19 de la Policía de la Provincia del Chaco, con el fin de minimizar la circulación, han comenzado a detener a ‘motomandados’ como también el secuestro de la correspondiente herramienta de trabajo de cada uno de los mismos”, expone el referente sindical de los motomandados de Resistencia.
Desde el gremio apuntan contra el jefe comunal de la capital provincial. “Desde el comienzo de esta gestión municipal trataron de reunirse con el intendente Gustavo Martínez para elevar la situación y legislaciones que regulan este servicio en la capital chaqueña como también en la provincia del Chaco. Cuestión que nunca se dio, ni siquiera fuimos recibidos formalmente por los subsecretarios responsables de la ejecución de las normas establecidas para este sector”, expone.
“Ante la gran demanda el surgimiento de pseudoempresas en estos momentos es muy notable, personas que sin ningún tipo de control ni exigencias convocan a chicos y chicas para explotarlos de manera informal y sin preocuparse por lo más mínimo por la seguridad de sus empleados”, denuncia Zerpa.
Luego avanza en el planteo: “La evidente falta de controles al sector, muestran a cadetes en las calles sin identificación, lo que está siendo aprovechado por delincuentes para moverse con tranquilidad por las calles de la cuidad. También al no tener un control eficaz sobre quienes trabajan a través de apps, deja al descubierto la imposibilidad de tener conocimiento de que ese cadete esté infectado o no, ya que no existe figura física responsable alguna”.
“Es lamentable ver como la precarización del sector se refleja y se expande aún más en este terrible contexto mundial, pero por sobre todo, la ignorancia de quienes tienen que hacer cumplir las legislaciones, y que si lo hicieran traería tranquilidad a los trabajadores como también a los ciudadanos”, sentencia Zerpa.
