Corregido aseveró que "la medida de aumentos tarifarios tomada por la gestión Macri fue delictiva porque hubo una violación de los deberes de funcionario público, ya que no cumplieron con la ley de audiencias públicas para efectuar esas subas en las tarifas".

En su momento la Defensoría del Pueblo del Chaco ya había planteado la ilegalidad de los sucesivos aumentos de la energía eléctrica de la gestión nacional anterior, obteniendo sentencia favorable en primera instancia y confirmación de la Cámara Federal de Apelaciones.

A poco más de dos meses de la asunción al mando de Alberto Fernández, la Defensoría del Pueblo del Chaco emitió una recomendación al gobierno nacional para que llame a audiencia pública, ya que “habiendo transcurrido un plazo razonable de tiempo se impone una convocatoria para poner en conocimiento del pueblo argentino el valor real del kilovatio y energía eléctrica”.