“Si no lo resuelve el Concejo Municipal, la Justicia tiene que responder y garantizar la institucionalidad, porque no tendremos ya ninguna garantía”, indicó el concejal Fabricio Bolatti (Frente Chaqueño), cuando se refería al proceso legislativo en el que se generó el incremento de impuestos tan cuestionado.
Así es que ante el aumento de los gravámenes municipales, Bolatti expresó que “tuvimos que ir avanzando de a poco y esperar que la ciudadanía vaya conociendo y sintiendo el impacto en su bolsillo que significa un incremento ‘final’ tan importante de las tasas y tributos, que decidieron quienes conducen el Municipio y los sectores que lo acompañan”.
“Salir de una sesión del Concejo Municipal y no tener claridad del contenido de lo que se puso a consideración de los concejales, por no poder contar con el texto final de la propuesta considerada, no había sido todo lo que observamos en el recinto”, dijo el representante en el Concejo Municipal del Frente Chaqueño.
Bolatti también sumó otros aspectos que expuso:
- “Que no se respetaba ni cumplía con lo normado para el ‘uso de la palabra’ en el debate parlamentario, ni el orden o momento donde debíamos dejar sentada la posición y hacer los planteos que considerábamos necesarios.
- Que la forma en que se desarrollaba la sesión no permitía que los presentes, trabajadores, medios de comunicación y los vecinos que podrían estar en el recinto, puedan saber qué tema se ponía a consideración, que posición o argumentos tenían al respecto, los concejales, ni mucho menos cómo finalizó el tratamiento de ese expediente o proyecto. Impidiendo que se lleven adelante los mecanismos que deben garantizar y promover la publicidad de los actos públicos y libre participación y acceso a lo sucedido en una ‘sesión parlamentaria’.
- Que el citado y vuelto a citar, además de sostenido y justificado incorrectamente, ‘acuerdo en Labor Legislativa’, no tenía efecto formal por no estar previsto su uso en el ‘reglamento’ y que no había acta alguna que nos permita ver su contenido.
Y, entre otros, finalmente observábamos que no se desarrollaba en el proceso formal de ‘sanción de una ordenanza’, la votación ‘en particular’ del articulado, un paso no solo formal, sino también necesario para definir cada uno de los ‘artículos’ que conforman la norma y dejar constancias de las posiciones de cada ‘banca’ para cada uno de los temas. Estos legales y hasta naturales requisitos fueron reemplazados por un supuesto ‘acuerdo de Labor Parlamentaria’, el que habilitaba a no cumplir el reglamento y a no realizar la necesaria ‘consideración en particular’, así como a no contar con el ‘texto final’ que se aprobaba.
Después de realizar los pasos que ameritaba, pero no correspondía, una ‘sesión de Concejo’ normada por las costumbres y supuesta ‘buena voluntad y confianza’ que debía reinar entre los bloques parlamentarios, tal lo solicitaban particularmente los presidentes de los bloque UCR/Cambiemos y el oficialista CER, comenzamos a expresar y exponer públicamente las distintas irregularidades que pudimos observar en la supuesta ‘sanción” de importantes ordenanzas, pero en este caso resaltamos la del ‘impuestazo’.
A esta altura nos preguntamos: Si observamos que el ‘Reglamento del Concejo’, para sancionar una Ordenanza, establece que debe: convocarse a una ‘Sesión’, la que debe ser pública y abierta; dar la discusión o tratamiento en ‘General’ (artículo 95) del tema, realizar la votación y aprobar en ‘General’ del proyecto; para luego dar inicio a su ‘tratamiento en particular’ (artículo 98 y 99), donde se debe debatir artículo por artículo y conseguir la aprobación del texto definitivo (artículo 101), dejando asentados en acta y versión taquigráfica, los argumentos o posiciones. Cuando se alcanza y se logra la ‘aprobación del último artículo del proyecto’, se da por ‘finalizado el tratamiento’ (artículo 103) y se concreta la sanción del instrumento legal u Ordenanza, por parte del Concejo Municipal.
Y que para el dictado o sanción del ‘impuestazo’, en la sesión del 27 de diciembre, se impuso un informal y casi secreto ‘acuerdo de Labor Parlamentaria’, al que alcanzaron los dos bloques mayoritarios, en el que se ausentaban los textos propuestos, y con el que se justificaba el incumplimiento de los pasos establecidos para garantizar la sanción de una normativa como esta.
No hubo debate, no hubo información, no hubo texto final sobre el cual votar, no hubo tratamiento en particular, no hubo debate en particular que permita dejar claras las posiciones de los representantes, ente otras anomalías, en fin creemos que ‘no hay ordenanza’”.
