Capitanich ultimó detalles para la efectiva descentralización del Estado en una reunión que junto a la vicegobernadora Analía Rach y autoridades ministeriales. En ese marco, establecieron plazos y definieron criterios mínimos para la creación del Consejo Provincial de Descentralización.
El secretario de Municipios, Rodrigo Ocampo destacó que la descentralización fortalecerá a la política municipal para beneficiar a los gobiernos locales. “Nos permitirá estar más cerca de nuestros vecinos para diseñar y trabajar juntos las políticas públicas”, afirmó.
En este sentido, destacó la puesta en marcha de la regionalización de los municipios “Esto nos permitirá mejorar los niveles organizativos y de integración, y cambiar la forma de planificación y llegada de cada uno de los ministerios”, resaltó.
“El objetivo es que en febrero se conforme el Consejo, y ya con toda la provincia organizada en las 10 regiones propuestas, que la descentralización inicie por las áreas de salud, seguridad y educación. Para ello el Gobierno transferirá recursos de manera automática y posteriormente controlará el cumplimiento de las metas fijadas”, indicaron desde el Gobierno Provincial.
Detallaron que en lo que respecta a educación, la propuesta inicial es descentralizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios escolares y las funciones de los porteros. Además, durante la reunión, la ministra Daniela Torrente aseguró que también están dadas las condiciones para avanzar con los comedores escolares.
Dijeron desde el Ejecutivo chaqueño que “En salud pública se busca mejorar los mecanismos de atención sanitaria, desde los salarios hasta los servicios de atención primaria de la salud, aplicación efectiva de vacunas, distribución de leche, el control de talla y peso, entrega de medicamentos, entre otros”.
Mientras que “para fortalecer el sistema de seguridad pública se propone descentralizar las comisarías en los municipios, con la participación de la comunidad en el control del sistema, y vinculando además la jurisdicción policial con la jurisdicción judicial para unificar los costos operativos”.
