Organizaciones civiles relacionadas con la temática de la discapacidad vienen llevando gestiones y planteos ante las autoridades para que los afectados por esta problemática reciban la asistencia correspondiente.

Viviana Miño, de la Fundación Lara Ávalos, explica la función de la organización que encabeza. “En nuestro caso, nuestra función es asesorar  y conseguir certificados de discapacidad para los distintos sectores, en el área de salud, vivienda. Ya lo hicimos la semana pasada estuvimos en la Plaza 25 de Mayo les explicamos que deben hacer en el caso que tengan algún problema, en qué ley basarse para los reclamos correspondientes. Esto es una iniciativa de este grupo de padres”, detalló.

“Esta iniciativa surge porque somos padres con hijos con discapacidad, en mi caso, que mi hija ya no está, nos hemos chocado contra la pared con nuestras obras sociales los padres son maltratados y pierden la dignidad por los hijos, hay que mostrarlo para que te den una leche, hay que exponerlos para conseguir unos pocos remedios y la obra social atiende muy mal al discapacitado en realidad, es muy burocrática para la situación que tiene que pasar un discapacitado, cuando  ya tiene un certificado de discapacidad”, se quejó la presidenta de la Fundación Lara Ávalos. A lo que poco después, señaló que “no es necesario que los padres todos los días corran con sus hijos al hombro para mostrar la patología que tienen para conseguir algo que les corresponde por ley”.

DEMORA EN RECIBIR LOS BENEFICIOS

“Hay padres que están por presentar recursos de amparo, son muchas las demoras y de acuerdo a la ley debe ser 2 horas”, anunció Miño. Para luego ampliar que “hay chicos con patologías oncológicas y algunos no tienen la medicación para el día, ni tampoco la prótesis para una cirugía”.

“Son muchos los casos, en mi fundación hay una nena, Luhana, la mamá está peleando para llevarla a China para una intervención con células madres, pero ella también tiene la obra social provincial y le dicen que tiene cobertura del ciento por ciento, y al momento de llegar al consultorio tiene que pagar  de entre 500 y 700 pesos que sale del bolsillo de ella que no es reintegrable, ya que el especialista no te da una factura y no se puede comprobar que  están cobrando plus”, mencionó la dirigente de la fundación de ayuda a pacientes con discapacidad. Poco después amplió: “Muchos especialistas cobran plus porque la obra social está trabajando mal con los pagos, esto pasa en todas las obras sociales”.

HISTORIA DE LA HIJA DE VIVIANA

“Mi hija tenía insuficiencia renal y tenía que hacerse diálisis, lo que significa tener  una casa en condición y con una habitación en condiciones y yo tengo 3 hijas más y vivíamos de alquiler con todas chicas y cuando falleció mi hija a los 10 días me entregaron la vivienda”,  comentó Miño.

“Hay un caso del Lote 296 de Barranqueras  donde vive una persona ciega Irma Acosta tiene 63 años y tiene pedido desde hace 18 años su casa y todavía nadie le resolvió el problema”, mencionó un caso más de desatención hacia las personas con discapacidad.

“En Resistencia, trabajamos con el IPRODICH haciendo relevamientos para conseguir viviendas para  personas y nos responden que no hay casas, pero se escucha que para ciertos punteros políticos hay 20 viviendas”, mostró el malestar que les produce tal destrato.

En tanto, Miño comentó: “Pedimos audiencia al gobernador Peppo y nos respondió que lo que corresponde es que vaya al Instituto de Vivienda”.

Por último, invitó a la comunidad a participar de las actividades de difusión que Organizaciones Civiles Unidas realizará el viernes 27, desde las 20 horas, en la peatonal y avenida Alberdi.