Diputados radicales pedirán juicio político al procurador Canteros

Legisladores provinciales radicales anunciaron que van a solicitar juicio político al procurador general de la provincia, Jorge Canteros. Es por los audios que circularon a nivel nacional en los que dialoga con uno de los detenidos, en el marco de la causa “Lavado I”.
Diputados provinciales de UCR Cambiemos

Luego de haber tomado conocimiento a través de medios nacionales y provinciales de audios que comprometerían al procurador general de la provincia, Jorge Canteros,  en el marco de la causa conocida como “Lavado I”, diputados provinciales de la Unión Cívica Radical dieron a conocer un comunicado mediante el cual adelantaron que solicitarán formalmente el pedido de juicio político al funcionario judicial.

 

 

“Consideramos esta situación de una gravedad institucional sin precedentes  y por la cual se deben tomar medidas con carácter de urgente” y adelantaron que “En ese contexto, vamos a solicitar el juicio político al procurador Jorge Canteros de manera de que se puedan investigar los audios expuestos por la prensa nacional, más precisamente por el canal C5N, en la que dialogaría con uno de los imputados detenidos en la causa conocida como ‘Lavado I’, dado que no solo afectarían al funcionario judicial  mencionado sino que empaña,  a nuestro entender y de manera infundada, el prestigio del Poder Judicial de la provincia”.

 

 

Los legisladores recordaron que en marzo de 2.018, “tras haber tomado estado público el resultado de allanamientos ordenados por el fiscal federal Patricio Sabadini a cargo de la investigación de la causa  ‘Lavado I’ donde se decía que se buscaba un equipamiento tecnológico que habría sido utilizado por el Gobierno Provincial para armar una suerte de ‘agencia de inteligencia’, presentamos una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Nº 2 para que se investigue una presunta maniobra de espionaje por parte del Gobierno Provincial sobre dirigentes políticos, sociales, sindicales, periodistas y medios de comunicación, empresarios y empresas privadas y públicas, y hasta funcionarios policiales, judiciales y del propio Gobierno”.
 

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