SITECh Federación expone planteos a diputados provinciales

La comisión de Educación de la Legislatura chaqueña sesionó hoy con la atención de audiencias. En la oportunidad se escucharon situaciones planteadas por SITECh Federaón y se recibió a un profesional que explicó el sentido de una iniciativa promovida por la diputada Batalla que crea un Fondo Especial para Proyectos Educativos Innovadores.

La reunión estuvo presidida por su titular, la diputada provincial María Elena Vargas. También estuvieron sus pares, Gladis Cristaldo, Andrea Charole, Rubén Aquino, Nadia García Amud, Alejandro Aradas, Carina Batalla, Gustavo Corradi y Claudia González, con la participación del diputado Daniel Trabalón.

Una de las audiencias concedidas por los legisladores fue al secretario general de SITECh Federación, Eduardo Mijno. El dirigente planteó la situación especial de los docentes de Wichi-El Pintado, el perfeccionamiento a través de postítulos dictados por sindicatos y otras instituciones, que considera “constituyen un negocio, desvirtuando la carrera docente, poniendo en situación de desigualdad a los colegas ante la situación de competencia”; “la transformación del Ciclo Orientado, con competencia de título decidida unilateralmente por el Ministerio de Educación, a través de la Resolución N° 2794, sin la participación de los gremios representativos y de los docentes, y la falta de respuesta por parte de la ministra de la cartera educativa en  brindar información a este sindicato, sobre los proyectos especiales, UEPGS y UEGP, de lo que se solicitó la información de su  implementación”.

Los diputados provinciales escucharon los planteos, se interiorizarán sobre los mismos, lo analizarán, tomando conocimiento de los aportes expuestos por SITECh Federación.

Luego los diputados provinciales recibieron y escucharon al arquitecto Germán Soto. El profesional explicó los alcances del proyecto de Ley 1.672/18 presentado por la diputada Carina Batalla, que fue girado a esta comisión  y sobre el cual solicitaron oportunamente informes a los Ministerios de Educación y de Hacienda para que emitan opinión, respuesta que esperan para una definición.

El proyecto de ley refiere al Fondo Especial para Proyectos Educativos Innovadores que  son procesos de participación de equipos docentes con base colaborativa acorde a la tendencia internacional y vinculadas a las necesidades inmediatas del estudiante con miras al año 2.030 en el marco de la “Declaración de Incheon” para la realización del Desarrollo Sostenible en materia educativa. “La presente Ley tiene como objeto garantizar un marco de referencia con los líderes asociados, actores gubernamentales, de la sociedad civil y del sector empresario a los efectos de contextualizar las estrategias de acuerdo con la particularidad de cada provincia teniendo en cuenta su idiosincrasia y perfil productivo vinculado a las políticas de desarrollo de los estados provinciales y el nacional”.  Son sus objetivos: fomentar e incentivar la actividad participativa de equipos docentes en aras de lograr satisfacer las necesidades inmediatas de los educandos con miras al año 2030.

La diputada Batalla, autora de la iniciativa, sostiene que “la educación es un derecho humano fundamental y un derecho habilitador. Para hacer realidad este derecho, los países deben garantizar un acceso universal e igualitario a una educación y un aprendizaje inclusivos y equitativos de calidad, que deberán ser gratuitos y obligatorios, sin dejar a nadie rezagado. La educación deberá tener por finalidad el desarrollo pleno de la personalidad humana y promover el entendimiento mutuo, la tolerancia, la amistad y la paz”.

Además apunta que “la educación es un bien público, cuyo principal garante es el Estado. La educación es una causa común de la sociedad, que conlleva un proceso participativo de formulación y aplicación de políticas públicas. La sociedad civil, los docentes y educadores, el sector privado, las comunidades, las familias, los jóvenes y los niños cumplen todos funciones clave para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad. La participación del Estado es esencial para establecer y regular estándares y normas”. Indica además que “la educación es un factor inclusivo y crucial para promover la democracia y los derechos humanos y afianzar la ciudadanía mundial, la tolerancia y el compromiso cívico, así como el desarrollo sostenible. La educación facilitará el diálogo intercultural y promoverá el respeto de la diversidad cultural, religiosa y lingüística, como valores vitales para la cohesión social y la justicia” se explicó.