Ocho de cada diez hogares chaqueños no llegan a fin de mes
SÍNTESIS DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES DEL RELEVAMIENTO
83,1% de los hogares no logra llegar a fin de mes o lo hace con dificultad.
Más del 47% de las familias se priva de alimentos esenciales por falta de dinero.
Alta informalidad laboral y bajos ingresos predominan en el área metropolitana.
Endeudamiento creciente: 5 de cada 10 hogares comen menos por las deudas.
Servicios básicos vulnerables: más del 50% tiene conexión eléctrica irregular.
ISEPCI y Libres del Sur impulsan el relevamiento y exigen políticas de protección social sostenibles.
RESISTENCIA (Octubre de 2026).- La capital chaqueña vive una realidad que se mide en cifras y se siente en los hogares. El Informe de Relevamiento Socioeconómico y de Seguridad Alimentaria, elaborado por el ISEPCI y la Intergremial Judicial, muestra que ocho de cada diez familias no logran cubrir sus gastos mensuales. La mayoría recurre a estrategias de subsistencia, endeudamiento o reducción en la compra de alimentos básicos.
Los datos reflejan una precariedad estructural. El 41% de los trabajadores se desempeña en condiciones informales y el 47% de los hogares tiene ingresos inferiores a los $100.000 mensuales. En este contexto, ISEPCI y Libres del Sur advierten sobre el impacto directo en la alimentación y la salud de las familias, y proponen un seguimiento territorial permanente para garantizar derechos sociales básicos.
La deuda se convierte en una forma de supervivencia. El estudio indica que el 83,1% de los hogares llega con dificultad a fin de mes y el 50,6% reconoce que las deudas impiden comprar alimentos. “Las deudas están comiéndose los alimentos”, sintetiza el informe, que también revela que 5 de cada 10 hogares reducen sus porciones diarias por falta de dinero.
Los servicios básicos también muestran vulnerabilidad. Más del 52% de las viviendas tiene conexión eléctrica irregular o sin medidor formal, lo que refleja una precariedad habitacional extendida. La Intergremial Judicial subraya la necesidad de políticas públicas que prioricen el acceso equitativo a servicios esenciales y la protección de los sectores más afectados.
La inseguridad alimentaria se profundiza. El 47,9% de las familias se priva de consumir alimentos como carnes, lácteos o verduras; el 37,1% reduce porciones y el 17,1% directamente salta comidas. Estos datos, según el ISEPCI y Libres del Sur, confirman una crisis alimentaria que exige respuestas urgentes desde la sociedad civil y los organismos judiciales comprometidos con la equidad social.