La Intergremial Judicial eleva un histórico pedido de investigación a la Legislatura por el accionar del Superior Tribunal Ad-Hoc
CLAVES DEL CONFLICTO JUDICIAL
Reclamo institucional: La Intergremial Judicial formaliza un pedido de investigación parlamentaria sobre la actuación de los jueces subrogantes del Superior Tribunal de Justicia en la causa "Alonso de Martina" y sus expedientes acumulados.
Oposición legislativa: El colectivo sindical amplía la objeción formal de inconvencionalidad e inconstitucionalidad frente al proyecto de Ley Nº 2141/26, exigiendo su definitivo archivo.
Imparcialidad en debate: Los gremios solicitan evaluar posibles faltas a los deberes de imparcialidad, conflicto de intereses, exceso jurisdiccional y eventual desconocimiento del Derecho por parte del tribunal ad-hoc.
Solicitud de informes: La presentación incluye el requerimiento de múltiples informes técnicos e institucionales para sustentar el avance del procedimiento investigador.
RESISTENCIA (Octubre de 2026).- El mapa institucional de la provincia sufre un viraje decisivo con la presentación formal realizada por la Intergremial Judicial del Chaco ante la Mesa de Entradas de la Presidencia de la Legislatura provincial. La entidad que agrupa a los trabajadores de la justicia solicita un juzgamiento de valor exhaustivo sobre la actuación de los magistrados subrogantes integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el marco de la causa "Alonso de Martina" y sus expedientes acumulados. Con este paso firme, el frente sindical consolida la objeción de inconvencionalidad e inconstitucionalidad contra el [proyecto de Ley Nº 2141/26], ratificando la exigencia de su inmediato archivo tramitada originalmente a mediados de septiembre.
La controversia sitúa en el centro del debate público el desempeño normativo y ético de los jueces ad-hoc designados para el tratamiento de las causas salariales e institucionales del sector. De acuerdo con el escrito presentado, la conducta ejercida por el tribunal especial vulnera principios básicos de equidad e imparcialidad, generando un perjuicio directo sobre las garantías laborales del personal del fuero y sobre la capacidad de representación de las asociaciones sindicales. La presentación fundamenta con rigor jurídico la necesidad de determinar si existió un exceso en las atribuciones jurisdiccionales concedidas a la magistratura de alzada.
En el corazón del pedido, la Intergremial promueve el inicio inmediato de un proceso indagatorio centrado en los doctores Juan Martín Bogado, Ramiro CÁceres Oliveira y Adrián Fernando Farías. Las imputaciones gremiales apuntan a un presunto incumplimiento de los deberes de imparcialidad, la configuración de severos conflictos de intereses, el ejercicio desmedido de competencias jurisdiccionales y un eventual e inexcusable desconocimiento del marco legal vigente. Por ello, la presentación exige remitir de manera urgente la totalidad de las actuaciones a los organismos de contralor y disciplina correspondientes.
Para garantizar la efectividad del procedimiento de investigación, los representantes sindicales requieren formalmente una serie de informes clave al cuerpo legislativo. Esta batería de medidas probatorias busca clarificar el trámite procesal de la causa principal y verificar si los fallos emitidos por el cuerpo colegiado subrogante respetan los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Con este despliegue de acciones administrativas y legales, la conducción judicial marca un precedente histórico en la defensa de los derechos colectivos de los trabajadores del sector.
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