Justicia Federal reactiva histórica cautelar contra desmontes en Chaco y paraliza el avance sobre bosques nativos

La Justicia Federal de Resistencia prorroga la medida cautelar que frena los desmontes en territorio chaqueño, mientras un riguroso peritaje científico del CONICET evalúa el impacto ecológico sobre la biodiversidad nativa. La decisión judicial neutraliza temporalmente las habilitaciones forestales y prioriza la preservación ambiental frente a la pérdida acelerada de masa boscosa.

PUNTOS PRINCIPALES DE LA NOTICIA 


Prórroga judicial: La Justicia Federal extiende la medida cautelar que paraliza de forma total los desmontes y nuevos permisos de cambio de uso de suelo en la provincia.
Peritaje científico: El CONICET despliega un análisis técnico riguroso para determinar el estado actual de los bosques nativos y la magnitud del daño ambiental acumulado.
Acción legal colectiva: El Ministerio Público Fiscal de la Nación y organizaciones socioambientales impulsan la causa judicial para frenar la pérdida de ecosistemas estratégicos.
Marco normativo en defensa ecológica: Diversas agrupaciones civiles cuestionan las iniciativas de flexibilización sobre la Ley de Bosques que debilitan los mecanismos de fiscalización territorial.


El sistema judicial federal en Resistencia consolida una resolución clave al prorrogar la medida cautelar que prohíbe los desmontes en todo el territorio de Chaco. Esta decisión judicial frena tanto las autorizaciones de tala ya otorgadas como la emisión de nuevos permisos de reconversión productiva de tierras, estableciendo un escudo legal en defensa de los recursos naturales y la biodiversidad regional.

El rol central de la ciencia: El peritaje del CONICET

En el centro de esta resolución se encuentra la evaluación científica independiente. Los investigadores del CONICET ejecutan un monitoreo pormenorizado sobre el estado de conservación de los bosques nativos chaqueños. Este estudio cuantifica el impacto acumulado de la deforestación sobre los corredores biológicos, los recursos hídricos y el equilibrio climático, cuyos resultados determinan la vigencia definitiva de la restricción judicial.

Antecedentes y blindaje ecológico


La causa judicial, originada tras investigaciones sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de licencias forestales y recategorizaciones de predios, moviliza a fiscalías federales y colectivos socioambientales. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto al Ministerio Público Fiscal de la Nación, sostiene una demanda sostenida para resguardar los ecosistemas protegidos por la Ley Nacional de Bosques, frente a presiones sectoriales que buscan flexibilizar los controles de uso de suelo.

Fuente: El Destape AM1070

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