Paro y movilización judicial en Chaco: gremios endurecen el plan de lucha por salarios y contra el ajuste en la Legislatura
Lo que tenés que saber
Paro con retiro y concentración: Se concreta el jueves 24 de septiembre desde las 10.30 horas en todas las circunscripciones judiciales, con epicentro en las Torres Civiles (avenida Laprida 33) y dependencias del interior.
Cese total sin asistencia: Rige un paro por 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo para el viernes 25 de septiembre en todo el ámbito del Poder Judicial.
Rechazo frontal a la Ley 2141-26: Los sindicatos exigen el archivo inmediato de la iniciativa legislativa por considerarla inconstitucional y lesiva para el sistema salarial vigente.
Defensa de la Ley 468-A: La protesta frena el intento de alterar de forma arbitraria las remuneraciones y la intangibilidad de los haberes que amparan al sector.
Pedido de investigación: La entidad reclama que el Poder Legislativo investigue el accionar del Tribunal Ad-Hoc en la causa "Alonso de Martina" por presunto beneficio propio y vulneración de la imparcialidad.
Aplicación salarial pendiente: Exigen la reglamentación y aplicación inmediata del artículo 9 de la Ley 3424-A para equiparar el cargo testigo con la media nacional.
El conflicto en detalle
La Intergremial Judicial activa un firme plan de lucha gremial ante el agotamiento de las vías administrativas frente a la iniciativa impulsada en la Legislatura provincial (Proyecto de Ley 2141-26). Desde los sindicatos denuncian que la normativa violenta flagrantemente la Constitución Nacional y Provincial al pretender legislar y alterar de manera arbitraria las remuneraciones amparadas por la Ley de Porcentualidad Nº468-A, generando un grave conflicto de derechos y despojando al personal de garantías adquiridas e intangibilidad salarial.
El núcleo del reclamo judicial apunta directamente contra las maniobras originadas en sentencias complementarias de la causa "Alonso de Martina", donde magistrados y funcionarios en funciones ordenan la creación de un adicional sectorial para beneficio propio y de sus pares. Para la Intergremial, este accionar destruye el sistema salarial equitativo y vulnera el principio de imparcialidad del juzgador.
Asimismo, el sector exige que el ámbito legislativo investigue y resuelva el planteo de inconstitucionalidad e inconvencionalidad presentado contra el Tribunal Ad-Hoc, reclamando además la reglamentación y aplicación inmediata del artículo 9 de la Ley 3424-A para garantizar la actualización del cargo testigo de juez de Cámara en sintonía con la media nacional.
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