Ley de Segunda Oportunidad: Campo exige al Congreso el tratamiento urgente para desendeudar a 170 mil chaqueños

La crisis financiera golpea con fuerza a la provincia y la legisladora nacional impulsa un mecanismo urgente de renegociación para frenar la morosidad récord en bancos y billeteras virtuales. En paralelo, las familias destinan sus ingresos exclusivamente a cubrir servicios básicos y alimentos en un escenario recesivo.

   Puntos principales de la noticia


Exigencia legislativa: La diputada Julieta Campo reclama el debate inmediato en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar la Ley de Segunda Oportunidad.

Impacto provincial: Más de 170 mil chaqueños sufren situaciones de insolvencia y riesgo financiero extremo debido al endeudamiento cotidiano.

Morosidad récord: La mora en el sistema crediticio local alcanza el 18,6% y trepa hasta el 36,6% en el segmento de billeteras virtuales.

Población afectada: El 69,7% de los deudores irregulares se concentra en la franja etaria productiva de 25 a 54 años.

Destino de los créditos: Las familias recurren al endeudamiento para sostener gastos esenciales de supervivencia como alimentación, servicios y medicamentos.

Herramientas del proyecto: La iniciativa propone congelar intereses, suspender embargos y fijar tasas y plazos razonables de renegociación con bancos y plataformas digitales.

BUENOS AIRES/ RESISTENCIA (Septiembre de 2026).- La Cámara de Diputados de la Nación debate este miércoles un proyecto clave para la economía doméstica que busca aliviar la situación crítica de miles de hogares. La iniciativa, denominada “Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados” y presentada por la diputada nacional Julieta Campo junto a Lucía Cámpora y Gabriela Estévez, apunta a establecer un marco obligatorio de reestructuración con tasas y plazos razonables.

Los datos oficiales del Banco Central reflejan un panorama alarmante en territorio chaqueño. La morosidad del sistema crediticio en conjunto trepa al 18,6%, ubicándose por encima de la media nacional, mientras que el incumplimiento en las billeteras virtuales asciende al 36,6%. El impacto recae mayoritariamente sobre la población económicamente activa de entre 25 y 54 años, contabilizando a más de 150 mil personas en categorías de riesgo e insolvencia.

El texto legislativo contempla herramientas de protección directa para los deudores frente a la presión financiera actual. Entre los puntos principales figuran el congelamiento de intereses por mora, la suspensión temporal de ejecuciones y embargos, y la creación de acuerdos obligatorios que abarcan tanto a entidades bancarias como a plataformas digitales de crédito. La propuesta legislativa busca evitar que los ingresos de los trabajadores se consuman en cadenas de refinanciación impagables.



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