Alerta institucional: rechazan enérgicamente el proyecto de Reiterancia delictiva por vulnerar garantías constitucionales

PUNTOS PRINCIPALES DE LA NOTICIA 

• El organismo rechaza el proyecto de reforma de los artículos 276 y 289 del Código Procesal Penal.
• La normativa vulnera la presunción de inocencia al utilizar investigaciones penales en trámite como causal de prisión preventiva.
• Las comisarías y dependencias provinciales registran una tasa de ocupación que supera el 180% de su capacidad real.
• La población bajo custodia policial crece un 150% en la última década, consolidando una crisis estructural de hacinamiento.
• El Comité insta a los legisladores a frenar la iniciativa y abrir un debate que incorpore dispositivos de monitoreo electrónico.

RESISTENCIA (Agosto de 2026).- Ante el inminente tratamiento parlamentario del despacho de mayoría para reformar el Código Procesal Penal e incorporar la figura de la reiterancia delictiva, el Comité para la Prevención de la Tortura ratifica su firme rechazo y exige frenar su avance. La normativa propuesta busca que la coexistencia de investigaciones penales en trámite sea causal directa para restringir la libertad, un criterio que colisiona contra mandatos superiores.

Desde la conducción del organismo, encabezada por Darío Gómez, se remarca que poseer causas abiertas no convierte a una persona en responsable de un delito mientras el proceso judicial se desarrolla. Gómez subraya que la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza de manera absoluta la presunción de inocencia, por lo cual la iniciativa deviene insostenible desde el plano legal y propicia futuras demandas por inconstitucionalidad.

Asimismo, la institución recuerda que organismos internacionales cuestionan de forma férrea esta clase de modificaciones legislativas. El Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura advierte históricamente sobre la inconveniencia de incrementar el ingreso de detenidos a dependencias que no reúnen las condiciones exigidas por los estándares vigentes.

A la invalidez jurídica se suma una crisis edilicia y de custodia crítica. En los últimos diez años, la población alojada en comisarías provinciales aumenta un 150% y la tasa de ocupación roza el 180% de su capacidad máxima. Esta sobrepoblación se ve agravada por el uso excesivo de la prisión preventiva sobre imputados con expectativas de penas menores, un factor que colapsa aún más el sistema.

Finalmente, el Comité invita a magistrados y legisladores a recorrer los centros de detención para corroborar la realidad del encierro y propone un debate amplio que priorice alternativas a la privación de libertad, tales como el monitoreo electrónico, para frenar el hacinamiento crónico.