Activan un plan de contingencia ante la amenaza de ERSA de abandonar el transporte en el Gran Resistencia

Síntesis de los ítems principales de la noticia

Alerta por abandono: La empresa ERSA Urbano S.A. U.T. comunica su intención de cesar las operaciones del Grupo I del SITAM, afectando a líneas clave como la 2, 9, 101, 106, 107, 204 y 205.

Intimación estatal: El Gobierno provincial rechaza de plano la interrupción unilateral por tratarse de un servicio esencial e intima a la firma a mantener la prestación bajo estricta fiscalización.

Plan de emergencia: Se diseñan esquemas operativos alternativos para cubrir los recorridos y evitar que los usuarios queden desamparados si se concreta la salida de la empresa.

Consecuencias legales: La Provincia advierte sobre la aplicación de severas sanciones contractuales, ejecución de garantías y reclamos patrimoniales por daños y perjuicios.

RESISTENCIA (Junio de 2026) - El conflicto por el transporte público en el Área Metropolitana del Gran Resistencia suma un capítulo crítico. El Gobierno provincial activa todos los mecanismos administrativos, técnicos y operativos para garantizar la continuidad del servicio tras el anuncio de la empresa ERSA Urbano S.A. U.T., que comunica un eventual cese de la prestación en las líneas del Grupo I del Sistema Integrado de Transporte (SITAM).

Este bloque de líneas —que incluye a los ramales 2, 9, 101, 106, 107, 204 y 205— resulta vital para la conectividad de la región: sus más de cien unidades cubren un total de 25.200 kilómetros diarios.

Ante la amenaza de paralización, la postura del Ejecutivo es tajante: ninguna firma concesionaria puede abandonar de forma unilateral un servicio público esencial. Al tratarse de una prestación indispensable para el traslado diario de miles de ciudadanos a sus empleos, escuelas y hospitales, las autoridades provinciales instruyen actuaciones inmediatas para intimar a la compañía. Inspectores oficiales fiscalizan minuto a minuto el cumplimiento de los recorridos, controlan el parque automotor y verifican las frecuencias para documentar cualquier tipo de interrupción o reducción del servicio.

“La prioridad es la movilidad cotidiana de la gente. Ninguna empresa puede dejar sin transporte a los usuarios. Vamos a defender la continuidad del servicio público y aplicar todas las medidas que correspondan dentro del marco legal”, señalan de forma categórica desde el Ejecutivo provincial.
De manera simultánea, los equipos legales de la Provincia analizan el abanico de sanciones administrativas, contractuales y patrimoniales que podrían aplicarse de concretarse el abandono. Esto abarca desde la ejecución de las garantías hasta demandas por daños y perjuicios. Desde el Gobierno recuerdan que el contrato de concesión obliga a la empresa a mantener una prestación regular, continua y eficiente, más aún cuando el propio Estado implementó diversas herramientas de acompañamiento económico para sostener el sistema.

Mientras se dirime el conflicto legal, los despachos oficiales evalúan distintas alternativas operativas de emergencia destinadas a minimizar el impacto en la calle y asegurar que los vecinos sigan viajando con normalidad. Finalmente, las autoridades solicitan a la comunidad mantenerse informada de las novedades exclusivamente a través de los canales de comunicación oficiales.