Crisis del agua en el barrio Zampa: La Justicia acorrala al Gobierno y exige respuestas urgentes
La crisis hídrica en el barrio Zampa deja de ser un reclamo aislado para convertirse en un conflicto judicial de alto impacto. Este viernes, la Justicia chaqueña avanza con medidas contundentes tras la primera audiencia por la denuncia de los vecinos, quienes exigen desde hace años un acceso regular y seguro al agua potable.
Un escenario crítico frente al juez
El encuentro se desarrolla en el Juzgado Civil y Comercial N°21. Allí, el juez Julián Flores escucha los testimonios que exponen la gravedad de la situación para más de mil familias. El relato de los vecinos es demoledor: el servicio, que antes era deficiente, hoy es inexistente o peligroso para la salud.
Ante la desesperación, muchas familias recurren a conexiones improvisadas cerca de cunetas para realizar tareas básicas como cocinar o higienizarse. "Ya no sabemos qué hacer para que nos escuchen", sentencian los afectados durante la jornada.
La Justicia amplía las responsabilidades
A partir de los planteos vecinales, el juzgado resuelve una serie de medidas clave que cambian el rumbo del conflicto:
- Nuevos actores involucrados: La Justicia suma formalmente a la Municipalidad de Resistencia, a la Administración Provincial del Agua (APA) y al Ministerio de Infraestructura. Ya no se trata solo de un problema de Sameep, sino de una falla de planificación estatal.
- Informes sanitarios: Se solicita al Centro de Salud de Villa Libertad un relevamiento detallado para constatar afecciones en la piel y problemas gastrointestinales, especialmente en niños y ancianos.
- Inspección en el territorio: El juez confirma que se realizará una visita presencial al barrio para verificar las condiciones denunciadas "in situ".
El Estado bajo la lupa
Del encuentro participan representantes de Sameep, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Estado —en representación del gobernador Leandro Zdero—. Todos ellos deben rendir cuentas ante el avance de la representación legal de los vecinos, liderada por Juan Pablo Núñez.
Con esta decisión, la problemática del barrio Zampa entra en una etapa de definiciones. El acceso al agua deja de ser una promesa de campaña para convertirse en una obligación judicial que el Estado provincial debe responder sin más dilaciones.
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