OTBN: Ambientalistas y comunidades indígenas van a la Corte Suprema

Organizaciones ambientales y comunidades indígenas cuestionan la actualización del OTBN aprobada en 2024, al considerar que reduce niveles de protección y podría aumentar la presión sobre los bosques nativos. Luego de que el Superior Tribunal de Justicia del Chaco rechazara la acción de inconstitucionalidad presentada por la ONG Conciencia Solidaria, la organización anuncia que apela recientemente, el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La perspectiva no es buena para el monte nativo, porque no se lo protege”, expresa Luciana Gagliardo, presidenta de la entidad.

¿Qué es el OTBN?

El OTBN en Chaco significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y surge de la Ley de Bosques Nativos, que obliga a cada provincia argentina a ordenar su territorio con bosques nativos, según su nivel de protección.

Es básicamente un mapa legal, un instrumento, herramienta de la normativa, que regula qué tipo de intervención se puede hacer con los bosques del Chaco: dónde se deben conservar, dónde se pueden utilizar de forma limitada y dónde se podría desmontar.

A través de un mapa, el territorio se divide en tres categorías: rojo (máxima protección, sin desmontes), amarillo (uso sustentable con limitaciones) y verde (zonas donde se puede autorizar el cambio de uso del suelo).

¿Qué pasa en la última actualización en la provincia del Chaco?

La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) del Chaco ha sido aprobada por la Legislatura provincial el 30 de abril de 2024. La decisión genera controversia, porque el nuevo mapa redefine qué áreas del monte chaqueño quedan protegidas, y cuáles podrían habilitarse para actividades productivas.

La principal crítica a la actualización del OTBN es que reclasifica parte de las áreas del monte hacia categorías con menor nivel de protección. Para organizaciones ambientales y especialistas, esto implica un retroceso porque podría habilitar más presión productiva sobre ecosistemas que antes tenían mayores restricciones, aumentando el riesgo de deforestación y fragmentación del bosque. En una región que ya registra altos niveles de pérdida de monte nativo, advierten que estos cambios pueden afectar la conservación de la biodiversidad y los hábitats de especies del Gran Chaco.

¿Qué están haciendo las organizaciones para proteger el bosque y la biodiversidad  

Ante esta situación, la ONG Conciencia Solidaria y la asociación de pueblos originarios Parlamento de Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco, presentan una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia del Chaco para frenar la aplicación de los cambios, pero el STJ la rechaza el pasado 16 de febrero, y el planteo no prospera.

La abogada ambientalista Nora Giménez, miembro de Conciencia Solidaria ONG, y asesora legal, marca la apelación reciente, llevada a cabo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el fallo del STJ de la provincia del Chaco, y no descarta llevar la petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre la reciente sentencia del Superior Tribunal de Justicia del 16/02/2026

Nora Giménez explica que la sentencia también dispuso obligaciones a dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, “obligación de hacer, cómo fiscalizar los desmontes ilegales”.

“Se impone obligaciones a los dos poderes, que tiene relación con los agravios, pero la sentencia es contradictoria”, indica la letrada, y acota que “no se puede cumplir hasta que no haya una sentencia firme”.

Por su lado, la presidenta de Conciencia Solidaria, lic. Luciana Gagliardo, considera que “un procedimiento insuficiente y con falencias técnicas, informativas y participativas, que deriva en una Ley deficiente y donde la zonificación aprobada resta, en vez de sumar, y es regresiva en términos de protección del monte nativo, no puede ser respaldada por ningún Tribunal”.

“Aun defendiendo la constitucionalidad de la Ley, el STJ, impone al Estado Chaqueño, al Poder Ejecutivo y al Legislativo, una serie de “deberes de corrección”, para compensar, en plazo razonable, con la implementación de mecanismos complementarios y documentados, todo lo que no se hizo antes, incluyendo ajustes normativos, de ser necesario”.

Y al respecto, cuestiona que “antes de sacar la ley, antes de que nos obligaran a iniciar una acción de inconstitucionalidad, que terminan rechazando, se ‘intenta’ revivir un muerto, cuando ya feneció, con correctivos compensatorios. Habla eso, sin dudas, del nivel de instituciones que ostentamos”, en referencia las órdenes de fiscalización y control de los bosques nativos.

“Los deberes de corrección que el STJ le impuso al Estado Provincial, tienen que ver con el fortalecimiento de las políticas de prevención, control y fiscalización de los desmontes ilegales, y el deber de recomposición y restauración ambiental para los casos en que corresponda”, detalla Gagliardo.