La familia Vargas, residente hace 48 años en paraje la Florida de Castelli, es notificada el lunes 14 de noviembre que debe desalojar el inmueble en 48 horas, dando pie a la intervención de la Defensoría del Pueblo.  A partir de esto, se visita al grupo familiar, se  hace el relevamiento del inmueble y se otorga asesoramiento jurídico. Además, se articula con la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de Nación y el Instituto de Colonización de la Provincia del Chaco, para garantizar el cumplimiento de los derechos de los integrantes.

Mediante una presentación realizada al Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la localidad de Juan José Castelli, interviniente en el expediente de desalojo, la Defensoría del Pueblo solicita se otorgue un plazo razonable para realizar la reubicación de las personas y los animales a los fines de garantizar los derechos fundamentales de la familia Vargas.

El trabajo institucional e interdisciplinario coordinado, logra que se pueda realizar el traslado del grupo familiar a otro lote.

“Estamos convencidos que ante la vulnerabilidad de estas situaciones, existiendo la posibilidad verídica e inminente de la reubicación de esta familia y su producción, es necesario que las magistradas y los magistrados intervinientes se posicionen en dar una solución más racional, limitando las afectaciones de derechos de las personas a desalojarse, por ello instamos al Juzgado interviniente a otorgar  un plazo razonable para que se realice el traslado pertinente”, concluye sobre la intervención el defensor del pueblo, Bernardo Voloj.