El pasado 23 de mayo, el Ministerio de Seguridad y Justicia habilita el uso de dispositivos electrónicos en todas las dependencias policiales y unidades penitenciarias de la provincia.

Dicha medida apunta a garantizar el efectivo goce de derechos convencionales y constitucionales de las personas privadas de su libertad tales como el contacto con familiares y personas allegadas, el desarrollo de actividades educativas y culturales y el acceso a la información sobre la situación procesal.

“La decisión se adopta luego de que el Ministerio de Seguridad y Justicia considerara como exitosa la experiencia del ingreso de telefonía celular durante la vigencia de las restricciones a las visitas por la emergencia sanitaria del COVID-19. En esa oportunidad, y siguiendo la Recomendación N° 6/20 del CNPT, se había habilitado el uso de estos dispositivos como una medida compensatoria frente a las restricciones”, explican desde el organismo  de monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro.

Asimismo, desde el instituto nacional destacan la labor del Comité de Prevención de la Tortura de Chaco en la evolución de la situación epidemiológica y la disminución significativa de los contagios. “Instó a las autoridades a la elaboración de un nuevo protocolo a partir del cual debía habilitarse el uso de dispositivos electrónicos no ya como una medida de compensación sino como una herramienta autónoma e independiente, que posibilite a las PPL el acceso a otros derechos fundamentales en miras a la reinserción social”, resalta.

A su vez, las autoridades consideran que “el uso de dispositivos electrónicos había sido una herramienta útil en la prevención de casos de tortura y malos tratos por permitir el contacto directo de las PPL con la Defensa Oficial, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Comité Local”.

“Esta nueva Resolución va en línea con lo señalado por el CNPT en el Informe ‘Impacto del COVID-19 en lugares de encierro de la República Argentina (2020-2021)” respecto a la necesidad de continuar con la vigencia de este tipo de medidas que resultan fundamentales para garantizar el mantenimiento de vínculos familiares y sociales de las PPL así como también el acceso efectivo a la educación, especialmente en el contexto actual en el que se advierte la falta de criterios uniformes en las modalidades de las visitas y el dictado de clases”, destacan en el CNPT.